Secretario General
Intervención ante la
Asamblea General Nueva York, 21 de septiembre de 2004
Señor Presidente:
Excelencias:
Señoras y Señores:
Me congratulo de ver a tantos
países aquí representados a tan alto nivel. Sé que ello es exponente de que, en
estos tiempos difíciles, las Naciones Unidas representan para ustedes, tal como
lo expresaron hace cuatro años en la Declaración del Milenio, "el hogar común e
indispensable de toda la familia humana".
Efectivamente, el mundo necesita hoy más que nunca un mecanismo efectivo que
permita hallar soluciones comunes a problemas comunes, y con ese fin fue creada
esta Organización. No cabe imaginar que, en caso de que hagamos mal uso de ella,
vayamos a encontrar un instrumento más efectivo.
El próximo año por estas fechas se reunirán ustedes para examinar los progresos
logrados en el cumplimiento de la Declaración del Milenio. Espero que, para
entonces, estén en condiciones de tomar conjuntamente decisiones audaces sobre
la totalidad de los temas diversos abordados en la Declaración, con la
asistencia del informe del Grupo de alto nivel sobre las amenazas, los desafíos
y el cambio, que estará a su disposición antes de que finalice el año en curso.
Como declaré hace un año, la senda que se extiende ante nosotros se ha
bifurcado. Si ustedes, los dirigentes políticos de los países del mundo, no
pueden llegar a un acuerdo sobre el camino a seguir, la historia tomará las
decisiones por ustedes y los intereses de sus pueblos pueden quedar en el
olvido.
No tengo hoy intención de prejuzgar esas decisiones, sino de recordarles el
importantísimo marco en el que han de ser adoptadas: el imperio de la ley, tanto
en cada país como en el mundo entero.
La visión de "un gobierno de las leyes y no de las personas" es casi tan vieja
como la propia civilización. En un vestíbulo situado no lejos de este podio se
expone una réplica del código de leyes promulgado por Hammurabi hace más de tres
mil años, en el territorio que ahora denominamos el Iraq.
Buena parte del código de Hammurabi se nos antoja en la actualidad de una
increíble severidad. Sin embargo, en sus lápidas están cincelados los principios
de justicia que, aunque rara vez puestos plenamente en práctica, han sido objeto
del reconocimiento de casi todas las sociedades humanas desde entonces:
Protección jurídica de los pobres.
Restricciones para los poderosos, a fin de que no puedan oprimir a los más
débiles.
Promulgación de leyes en público, y de todos conocidas.
Ese código supuso un hito en la lucha de la humanidad por instituir un orden en
el que el derecho no venga impuesto por el poder, sino que sea fuente de poder.
Numerosas naciones representadas en esta cámara pueden enorgullecerse de contar
con documentos fundacionales propios que encarnan ese simple concepto. Esta
Organización que es la suya, las Naciones Unidas, se funda en el mismo
principio.
No obstante, hoy en día el imperio de la ley se ve amenazado en todo el mundo.
Una y otra vez, vemos cómo son despreciadas con todo descaro las leyes más
fundamentales, es decir, aquéllas que garantizan el respeto de la vida inocente
de la población civil y de los vulnerables, especialmente de los niños.
Entre los numerosos ejemplos flagrantes de actualidad, cabe mencionar los
siguientes:
En el Iraq, vemos cómo la población civil es sacrificada a sangre fría, mientras
que los trabajadores humanitarios, los periodistas y demás personal no
combatiente son tomados como rehenes y asesinados de la manera más brutal. Al
mismo tiempo, hemos visto cómo los prisioneros iraquíes eran objeto de
ultrajantes maltratos.
En Darfur, asistimos al desplazamiento de poblaciones enteras y a la destrucción
de sus hogares, al tiempo que la violación se utiliza como una estrategia
deliberada.
En el norte de Uganda, vemos a niños mutilados y forzados a tomar parte en actos
de una crueldad atroz.
En Beslán, hemos visto cómo los niños eran tomados como rehenes y brutalmente
asesinados.
En Israel vemos cómo la población civil, niños incluidos, constituye un blanco
deliberado de los suicidas palestinos, mientras que en Palestina asistimos a la
destrucción de viviendas, la confiscación de tierras y el sufrimiento
innecesario de las víctimas civiles causadas por el uso excesivo de la fuerza
por parte de Israel.
Vemos además cómo, en el mundo entero, se está preparando a la gente para
perpetrar nuevos actos de esta índole gracias a una propaganda del odio dirigida
contra los judíos, los musulmanes y cualquiera a quien se pueda identificar como
diferente del grupo propio.
Excelencias:
Ninguna causa, ningún agravio, por legítimos que sean en sí mismos, puede
justificar actos semejantes que nos ponen a todos en evidencia. Su prevalencia
es exponente de nuestro fracaso colectivo en la defensa del derecho y en la
conculcación del respeto que éste merece en nuestros congéneres. Todos tenemos
el deber de hacer lo que esté en nuestra mano para restablecer ese respeto.
A tal fin, hemos de tomar como base el principio de que nadie está por encima de
la ley y a nadie se le debe negar su protección. Toda nación que proclame el
imperio de la ley en su territorio debe respetarlo también en el exterior; toda
nación que insista en su defensa en el exterior debe también imponerlo en su
territorio.
Sí, el imperio de la ley empieza en casa, pero éste sigue siendo difícil de
alcanzar en demasiados lugares. El odio, la corrupción, la violencia y la
exclusión no obtienen reparación. Los vulnerables carecen de recursos efectivos,
mientras que los poderosos manipulan las leyes a su antojo para preservar el
poder y amasar riquezas. En ocasiones, se llega incluso a permitir que la
necesaria lucha contra el terrorismo cercene innecesariamente las libertades
civiles.
En el plano internacional, todos los Estados, fuertes y débiles, grandes y
pequeños, necesitan un marco de normas justas en cuyo acatamiento universal todo
el mundo confíe. Por suerte, un marco semejante ya existe. Los Estados han
creado un impresionante corpus de normas y leyes que abarcan desde el comercio
hasta el terrorismo y desde el derecho del mar hasta las armas de destrucción en
masa, lo que constituye uno de los logros que más enorgullecen a nuestra
Organización.
Sin embargo, este marco está plagado de lagunas y deficiencias. Con demasiada
frecuencia, se aplica de manera selectiva y se hace valer de manera arbitraria.
Este marco no tiene la garra que hace de un corpus legislativo un sistema
jurídico eficaz.
Allí donde existe capacidad para imponer este marco, como en el Consejo de
Seguridad, muchos consideran que no se utiliza siempre de manera justa ni
eficaz. Allí donde con más seriedad se invoca el imperio de la ley, como en la
Comisión de Derechos Humanos, quienes lo hacen no siempre practican lo que
predican.
Quienes pretenden conferir legitimidad deben primero encarnarla, y quienes
invocan el derecho internacional deben someterse a él.
Al igual que ocurre dentro de un país, el respeto del derecho en nuestra
comunidad mundial depende del sentimiento universal de participación en su
formulación y aplicación. Ninguna nación se ha de sentir excluida. Todos los
países deben sentir que el derecho internacional les pertenece y protege sus
intereses legítimos.
El imperio de la ley como mero concepto no basta. Las leyes deben ponerse en
práctica y deben impregnar toda nuestra vida.
Es reforzando y aplicando los tratados de desarme, en particular sus
disposiciones sobre verificación, como mejor podemos defendernos frente a la
proliferación y el uso potencial de las armas de destrucción en masa.
Es aplicando la ley como mejor podemos negar refugio y recursos financieros a
los terroristas, elemento esencial de cualquier estrategia para vencer al
terrorismo.
Es restableciendo el imperio de la ley y la confianza en su aplicación imparcial
como mejor podemos confiar en insuflar nueva vida a las sociedades devastadas
por los conflictos.
Es la ley, en particular las resoluciones del Consejo de Seguridad, la que
ofrece más expectativas de resolver los conflictos prolongados en el Oriente
Medio, en el Iraq y en todo el mundo.
Y es respetando y defendiendo rigurosamente el derecho internacional como mejor
podemos, y debemos, asumir nuestra responsabilidad de proteger a los civiles
inocentes frente al genocidio y los crímenes de guerra y de lesa humanidad. Como
ya advertí a esta Asamblea hace cinco años, la historia nos juzgará con gran
severidad si dejamos que las invocaciones de soberanía nacional interfieran en
esta tarea, o si pensamos que estas invocaciones nos eximen de ella.
El Consejo de Seguridad me acaba de pedir que nombre una comisión internacional
para investigar las denuncias relativas a las violaciones de los derechos
humanos en Darfur y determinar si se han cometido actos de genocidio, lo que
haré a la mayor brevedad. Pero que nadie interprete esto como una tregua durante
la cual los acontecimientos en esa devastada región siguen su curso. Con
independencia de su definición jurídica, lo que allí está sucediendo debe
sacudir la conciencia de cualquier ser humano.
La Unión Africana ha asumido noblemente el liderazgo y la responsabilidad del
suministro de observadores y de una fuerza para proteger a los habitantes de
Darfur y tratar de hallar una solución política, la única vía para alcanzar una
seguridad duradera. Sin embargo, todos conocemos las limitaciones actuales de
esta Unión Africana recién nacida, por lo que debemos brindarle todo el apoyo
posible. Que nadie piense que este asunto incumbe únicamente a los africanos.
Las víctimas son seres humanos y los derechos que como tales tienen deben ser
sagrados para todos nosotros. Todos tenemos la obligación de hacer lo que
podamos para darles auxilio, y de hacerlo ahora.
Excelencias:
El mes pasado prometí al Consejo de Seguridad que, durante el resto de mi
mandato, daría prioridad a la labor de la Organización encaminada a consolidar
el imperio de la ley y las instituciones judiciales de transición en las
sociedades que sufren un conflicto o salen de él.
Del mismo modo, insto a todos ustedes a que redoblen sus esfuerzos para fomentar
el imperio de la ley en sus países y a escala internacional. Les pido a todos
los hoy aquí presentes que aprovechen los mecanismos que hemos dispuesto para
ustedes con miras a la firma de tratados sobre la protección de la población
civil, tratados que ustedes mismos han negociado, y que posteriormente los
apliquen cabalmente y de buena fe en sus países. Les ruego que apoyen plenamente
las medidas que les presentaré durante este período de sesiones para mejorar la
seguridad del personal de las Naciones Unidas. El personal no combatiente que
corre voluntariamente riesgos para ayudar a sus compañeros se merece sin duda su
protección y respeto.
Excelencias, las víctimas de la violencia y la injusticia de todo el mundo están
esperando que cumplamos nuestra palabra. Se percatan cuando utilizamos las
palabras para encubrir la inacción. Se percatan cuando no se aplican las leyes
que deberían protegerlas.
Creo que es posible restablecer y expandir el imperio de la ley en todo el
mundo, aunque ello dependerá en última instancia de la importancia que asignen a
la ley nuestras conciencias. Esta Organización se fundó sobre las cenizas de una
guerra que hizo sufrir lo indecible a la humanidad. Hoy debemos volver la vista
de nuevo hacia nuestra conciencia colectiva y preguntarnos a nosotros mismos si
estamos haciendo lo suficiente.
Excelencias:
Cada generación tiene una función que desempeñar en la lucha inmemorial por la
consolidación universal del imperio de la ley, que es la única manera de
asegurar la libertad de todos.
No permitamos que nuestra generación sea conocida por no haber hecho lo que le
correspondía.
Muchas gracias.
http://www.un.org/spanish/aboutun/organs/ga/59/webcast/statements/annan_dg59.html
Vence el
plazo de
la ONU para
Darfur
El Consejo de Seguridad tiene que actuar
(New York, 2 de septiembre de 2004) — El Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas ha llegado a un momento crítico para emprender una acción firme contra
las continuas atrocidades de Sudán en Darfur, señaló hoy Human Rights Watch.
|
En la sesión informativa de hoy, el representante especial del Secretario
General de
la ONU
para Sudán, Jan Pronk, presentó un informe que no dice directamente que el
gobierno sudanés es responsable de limpieza étnica y abusos continuos en Darfur.
“Hace 34 días, el Consejo de Seguridad de la ONU
le dijo a Jartum que tenía 30 días para poner fin a las violaciones masivas de
los derechos humanos y frenar a los janjawid”, dijo Georgette Gagnon,
subdirectora de
la División de
África de Human Rights Watch. “El hecho de que el Consejo de Seguridad de la ONU
no haga cumplir sus propias demandas firmes supone el peor mensaje posible”.
En su resolución 1556 del 30 de julio sobre Darfur, el Consejo de Seguridad
señaló su intención de considerar la imposición de sanciones al gobierno de
Sudán, conforme al Artículo 41 de
la Carta de
la ONU.
El
Consejo de Seguridad ha impuesto sanciones a las milicias janjawid y un embargo
de armas en Darfur, pero no ha autorizado la aplicación de estas sanciones.
En las últimas semanas, Human Rights Watch ha documentado depredaciones
continuas contra civiles en Darfur, entre ellas la existencia de 16 campamentos
de janjawid armadas que aterrorizan a los civiles a plena vista.
Human Rights Watch dijo que las Naciones Unidas deberían reforzar urgentemente a
los observadores internacionales y las tropas en Darfur, imponer un embargo de
armas al gobierno sudanés y poner en marcha una comisión internacional de
investigación.
Aunque el informe del Secretario General declara que el gobierno sudanés no está
protegiendo a los civiles no desarmando a las milicias étnicas janjawid
responsables de muchos de los ataques contra civiles—compromisos fundamentales
contraídos por el gobierno—no parece que el Consejo de Seguridad vaya a tomar
inmediatamente nuevas medidas para proteger vidas civiles en Darfur.
Lo que es más alarmante, Human Rights Watch dijo que el informe no reconoce lo
que varias agencias de
la ONU y
numerosos informes independientes han documentado: el gobierno de Sudán es
responsable de estos ataques contra civiles, directamente o través de las
milicias janjawid a las que respalda.
“Aunque parece que el Consejo de Seguridad no va a actuar hoy, las Naciones
Unidas siguen teniendo la posibilidad de hacer honor a su palabra ante la
población de Darfur”, dijo Gagnon.
Human Rights Watch apeló al Consejo de Seguridad para que pida a
la Unión
Africana
(UA), de conformidad con el Título VII de
la Carta
de la ONU,
que aumente el número de tropas sobre el terreno en Darfur y amplíe su mandato
para que incluya la protección de civiles.
La UA
cuenta ahora con 305 soldados sobre el terreno que forman parte de un mecanismo
de verificación del alto el fuego. Un plan conjunto de
la ONU
y la UA,
expuesto por el Consejo de Seguridad la semana pasada, movilizaría 3.000
efectivos militares y 1.200 policías de la UA en Darfur. El gobierno sudanés ha
rechazado las ofertas de la UA de aumentar su mandato y el tamaño de su fuerza
para proteger a civiles.
Gagnon dijo que el Consejo de Seguridad debe establecer una comisión
internacional de investigación encargada de reunir pruebas de las atrocidades
cometidas en Darfur. El Alto Comisionado de la ONU
para los Derechos Humanos hizo esta recomendación en un informe del 7 de mayo y
una sesión informativa posterior ante el Consejo de Seguridad. El informe no
menciona dicha comisión.
Human Rights Watch instó al Consejo de Seguridad a que imponga sanciones a los
máximos líderes militares y civiles del gobierno sudanés, entre ellas la
prohibición de viajar y la congelación de bienes, y un embargo de armas a todo
Sudán, con mecanismos de ejecución de todas las sanciones.
Ya que se ha cumplido el plazo inicial de 30 días, Human Rights Watch dijo que
el Consejo de Seguridad tiene que determinar cuándo se reunirá para tomar nuevas
medidas con respecto a la conducta del gobierno sudanés, en cumplimiento de la
resolución 1556, y qué nuevos plazos va a imponer.
http://www.hrw.org/spanish/docs/2004/09/03/darfur9301.htm
Darfur: Las
"áreas seguras" de
la ONU
no ofrecen seguridad real
El Consejo de Seguridad de la ONU
debe rechazar el plan que podría socavar el retorno de civiles
(New York, 1 de septiembre de 2004) — Un plan para crear "áreas seguras" en
Darfur podría simplemente consolidar la limpieza étnica sin ofrecer una
protección real a los civiles, señaló hoy Human Rights Watch. La reunión de los
miembros del Consejo de Seguridad del martes para discutir la situación en
Darfur debe rechazar el plan, que concluyó recientemente con el gobierno sudanés
el enviado especial de
la ONU al
país.
|
El 5 de agosto, el representante especial del Secretario General de la ONU
para Sudán, Jan Pronk, y el gobierno sudanés acordaron un Plan de Acción que
establecería “áreas seguras” para civiles desplazados y residentes en Darfur.
Sin embargo, este plan no parece más que una versión ligeramente revisada de la
propuesta del gobierno sudanés de principios de julio de crear 18 “lugares de
reasentamiento” para más de 1,2 millones de civiles darfurianos desplazados. De
acuerdo con los términos del acuerdo del 5 de agosto, el gobierno sudanés
“identificará partes de Darfur a las que pueda dar seguridad en un plazo de 30
días”. El plan también propone que el gobierno sudanés “proporcionará rutas
seguras a estas zonas y entre estas zonas” y empleará a las fuerzas de seguridad
para salvaguardar las rutas y las áreas.
“En lugar de ofrecer una seguridad real a los civiles, las ‘áreas de seguridad’
propuestas amenazan con consolidar la limpieza étnica que ha tenido lugar en
Darfur”, dijo Peter Takirambudde, director ejecutivo de
la División
de África de Human Rights Watch. “No es realista pensar que las fuerzas
sudanesas proporcionarán seguridad a los civiles expulsados de sus casas por
algunas de estas mismas fuerzas”.
Human Rights Watch ha descubierto que el gobierno sudanés ha realizado escaso o
ningún avance en el desarme de las milicias janjawid que ha respaldado o en el
restablecimiento de la seguridad en Darfur, a pesar del plazo del 30 de agosto
que el Consejo de Seguridad de
la ONU impuso
a Jartum hace un mes. Las milicias continúan operando desde bases y campamentos
por todo Darfur con total inmunidad, a veces en colaboración con las tropas
gubernamentales.
Las fuerzas sudanesas y las milicias janjawid apoyadas por el gobierno siguen
atacando a civiles cuando intentan aventurarse fuera de los campos o
asentamientos cerca de las ciudades principales. En las últimas semanas,
numerosas mujeres y niñas han sido violadas cuando intentaban recoger leña o
desplazarse fuera de la periferia de las ciudades. Se ha informado del asesinato
de civiles en ataques de las fuerzas gubernamentales y las milicias que no datan
más que de finales de agosto.
Una gran proporción de la población civil desplazada ha huido de las áreas
rurales de Darfur, donde los janjawid continúan controlando muchas de las
pequeñas ciudades y pueblos, ya sea mediante su presencia en estos núcleos de
población o en retenes de carretera, o mediante la intimidación y los ataques
desde sus bases a las afueras de las ciudades. Algunas de las bases milicianas
se han establecido en los mismos pueblos de los que las milicias y las fuerzas
gubernamentales expulsaron a sus habitantes originales.
Entre los emplazamientos iniciales propuestos como “áreas seguras” para los
civiles desplazados se encuentran las capitales de los tres estados de la región
de Darfur. Por ejemplo, El Fashir, la capital de Darfur Septentrional, y los
campos de desplazados cercanos de Abu Showk y Zam Zam; Nyala, la capital de
Darfur Meridional, y el campamento cercano de Kalma, y Geneina, la capital de
Darfur Occidental, son algunas de las ubicaciones preliminares seleccionadas
como áreas seguras.
“Estas áreas seguras podrían convertirse en una forma de ‘escudo humano’”,
señaló Takirambudde. “Esto permitiría que el gobierno asegurara zonas alrededor
de las principales ciudades y confinara a la población civil que considera
simpatizante de los rebeldes”.
El gobierno sudanés tiene un historial bien conocido de creación de campamentos
de desplazados conocidos como “pueblos de paz” en otras partes del país que han
debilitado, en lugar de garantizado, la seguridad de los civiles. En el sur de
Sudán y en las montañas Nuba, por ejemplo, estos campamentos se situaban
habitualmente a varios kilómetros de las principales ciudades. Especialmente en
las montañas Nuba, desarrollaron una reputación de zonas en las que los soldados
y los milicianos podían violar a mujeres y niñas con impunidad”.
La inseguridad que predominaba alrededor de los primeros “pueblos de paz”
sudaneses limitó considerablemente cualquier movimiento de civiles a las zonas
rurales para cultivar sus campos o acceder a los mercados y, de la misma manera,
a las ciudades más grandes para obtener atención sanitaria y otros servicios,
haciéndolos totalmente dependientes de la ayuda humanitaria. En ciertos casos,
los campamentos se convirtieron en lugares de reasentamiento permanente.
“La mayoría de los habitantes de Darfur eran autosuficientes antes de que este
conflicto empezara el año pasado”, dijo Takirambudde. “La única manera de que
recuperen la autosuficiencia es que puedan regresar con seguridad a sus aldeas y
campos. La clave de la seguridad civil es controlar los abusos de las fuerzas
gubernamentales y las milicias”.
Human Rights Watch apeló a los miembros del Consejo de Seguridad, los gobiernos
donantes internacionales y las agencias de la ONU
para que planteen objeciones a las “áreas seguras” propuestas y se aseguren de
que la asistencia humanitaria no se utiliza para apoyar el reasentamiento
forzado o la consolidación de la “limpieza étnica”. Human Rights Watch también
instó al Consejo de Seguridad a que ordene a
la Unión
Africana,
de acuerdo con el Título VII de
la Carta
de la
ONU, que aumente el número de tropas sobre el terreno en Darfur y amplíe su
mandato para que incluya la protección de civiles.
“Un aumento de la presencia internacional sobre el terreno en todo Darfur es la
única manera de garantizar la protección de los civiles en las áreas rurales”,
dijo Takirambudde. “La comunidad internacional tiene también que asegurarse de
que más de un millón de civiles en Darfur y el vecino Chad puedan regresar a
salvo y voluntariamente a sus casas”.
Las “áreas seguras” propuestas en el Plan de Acción para Darfur ignoran
consideraciones fundamentales para la verdadera seguridad de los civiles. Se
trata de acuerdo bilateral entre el gobierno sudanés y las Naciones Unidas que
no cuenta con el consentimiento de las fuerzas rebeldes. Las ubicaciones
propuestas para las áreas, la falta de especificidad con respeto a las
modalidades de protección—además del uso de la policía sudanesa, que ya ha
demostrado su tendencia a cometer abusos en lugar de prevenirlos—y la duración
indefinida conllevan el riesgo de que estas áreas se conviertan en lugares de
reasentamiento permanente destinados a controlar a la población civil, en lugar
de proporcionar una verdadera seguridad.
http://www.hrw.org/spanish/docs/2004/09/01/darfur9292.htm
Sudán:
Nuevos documentos sobre Darfur
Confirmados los lazos entre el gobierno y las milicias janjawid
(New York, 20 de julio de 2004) – Los documentos del gobierno de Sudán
demuestran incontrovertiblemente que funcionarios del gobierno dirigieron el
reclutamiento, el armamento y otra asistencia a las milicias étnicas conocidas
como janjawid, señaló hoy Human Rights Watch. El gobierno de Sudán ha negado
constantemente el reclutamiento y armamento de las milicias janjawid, incluso
durante las recientes visitas del Secretario de Estado de Estados Unidos Colin
Powell y el Secretario General de la ONU Kofi Annan.
|
Human Rights Watch señaló que había obtenido documentos confidenciales de la
administración civil de Darfur que implican a altos cargos del gobierno en una
política de apoyo a la milicia.
“Es absurdo distinguir entre las fuerzas gubernamentales y las milicias
sudanesas—son una sóla”, dijo Peter Takirambudde, director ejecutivo de
la División
de África de Human Rights Watch. “Estos documentos demuestran que la actividad
miliciana no sólo se ha condonado, sino que ha sido específicamente respaldada
por funcionarios del gobierno de Sudán”.
Human Rights Watch señaló que las fuerzas gubernamentales sudanesas y las
milicias respaldadas por el gobierno son responsables de crímenes contra la
humanidad, crímenes de guerra y “limpieza étnica” consistentes en ataques aéreos
y terrestres contra civiles de la misma etnia que los miembros de dos grupos
rebeldes de Darfur. Miles de civiles han sido asesinados, cientos de mujeres y
niñas han sido violadas y más de un millón de personas han sido forzosamente
desplazadas de sus casas y fincas en Darfur.
En una serie de documentos en árabe de las autoridades gubernamentales de Darfur
del Norte y del Sur fechados en febrero y marzo de 2004, los funcionarios piden
reclutamiento y asistencia militar, incluida la entrega de “provisiones y
municiones” a conocidos líderes de la milicia janjawid, campamentos y “tribus
leales al gobierno”.
En una directiva de febrero especialmente condenatoria se ordena “a todas las
unidades de seguridad” en el área que toleren las actividades del conocido líder
janjawid Musa Hilal en el Darfur del Norte. El documento “subraya la importancia
de no intervenir para no cuestionar su autoridad” y autoriza a las unidades de
seguridad de la provincia de Darfur del Norte a que “pasen por alto los delitos
menores cometidos por combatientes contra civiles presuntos miembros de la
rebelión…”
En otro documento se reclama un plan para “operaciones de reasentamiento de
nómadas en lugares de los que se hayan retirado los [rebeldes] fuera de la ley”.
Este documento, junto a las recientemente declaraciones del gobierno afirmando
que las personas desplazadas serán instaladas en 18 “asentamientos” en lugar de
en sus aldeas de origen, despierta la preocupación de que se consolide la
limpieza étnica realizada y las personas no puedan regresar a sus pueblos y
tierras.
Human Rights Watch pidió que los funcionarios del gobierno sudanés implicados en
la política de apoyo a la milicia sean agregados a la lista de sanciones que
forman parte de una resolución de
la ONU
pendiente de aprobación. También solicitó la verificación internacional del
desarme de los grupos milicianos y el establecimiento de una comisión
internacional de investigación de los abusos cometidos en Darfur por todas las
partes en conflicto.
“Sudán ha puesto en marcha una importante campaña de relaciones públicas con el
objetivo de ganar más tiempo para que funcionen las iniciativas diplomáticas”,
dijo Takirambudde. “Pero llegados a este punto y con las nuevas pruebas que
contamos, la credibilidad de Jartum es nula. Hasta la fecha, el gobierno de
Sudán sólo ha utilizado el tiempo adicional para consolidar la limpieza étnica
en Darfur”.
Aunque el gobierno se ha comprometido a desarmar a los grupos “fuera de la ley”,
entre ellos los insurgentes, no está claro si el gobierno considera que las
milicias janjawid a las que ha apoyado forman parte de los grupos que deben ser
desarmados. Han aumentado los informes que indican que miembros de la milicia
janjawid están siendo asimilados en las nuevas fuerzas policiales desplegadas
por el gobierno para “proteger” a los civiles en Darfur.
Human Rights Watch dijo que los milicianos janjawid que han participado en
ataques, asesinatos y violaciones de civiles no deben incluirse bajo ninguna
circunstancia dentro de las fuerzas policiales y militares que el gobierno está
utilizando ahora para proteger a la población.
Human Rights Watch pidió una inmediata y enérgica resolución de la ONu
que sancione a Jartum y a los funcionarios del gobierno responsables de crímenes
contra la humanidad.
“La ambigüedad de las declaraciones del gobierno demuestra la importancia
crucial de la verificación independiente del proceso de desarme”, dijo
Takirambudde. “La
Unión Africana y otros observadores internacionales deben prestar mucha atención
a los planes de reasentamiento y asegurarse de que las milicias no son sólo
desarmadas, sino también retiradas totalmente de las zonas civiles que
ocuparon”.
Los documentos que demuestran los lazos entre el gobierno de Sudán y los
janjawid obran en poder de Human Rights Watch.
http://www.hrw.org/spanish/docs/2004/07/20/darfur9106.htm
Sudán:
Gobierno comete “limpieza étnica” en Darfur
(New York, 7 de mayo de 2004) – El gobierno sudanés es responsable de “limpieza
étnica” y crímenes contra la humanidad en la región occidental de Darfur, señaló
Human Rights Watch en un informe publicado hoy. El Consejo de Seguridad de
la ONU,
que será informado hoy sobre la situación en Darfur, debe adoptar medidas para
frenar esta limpieza étnica creando las condiciones para el retorno seguro del
más de un millón de personas que ya han sido desplazadas.
|
Human Rights Watch pidió al Consejo de Seguridad de la ONU
que condene enérgicamente las acciones del gobierno sudanés y le exija que
desarme, disuelva y retire a las milicias árabes que participan en la limpieza
étnica, en colaboración frecuentemente con las fuerzas gubernamentales. Dos
misiones de
la ONU que han
regresado recientemente de Darfur se dirigirán al Consejo de Seguridad hoy para
hablar de las causas relacionadas con los derechos humanos y las consecuencias
humanitarias del conflicto.
En el informe de 77 páginas, “Darfur Destroyed: Ethnic Cleansing by Government
and Militia Forces in Western Sudan” (Darfur destruido: Limpieza étnica por
parte del gobierno y las fuerzas milicianas en el oeste de Sudán) se documenta
cómo las fuerzas del gobierno sudanés han supervisado y participado directamente
en masacres, ejecuciones sumarias de civiles, incendios de pueblos y aldeas, y
la despoblación forzosa de amplias extensiones de tierras habitadas desde hace
mucho por los grupos étnicos fur, masalit y zaghawa.
“No cabe duda de la culpabilidad del gobierno sudanés por los crímenes contra la
humanidad en Darfur”, señaló Peter Takirambudde, director ejecutivo de
la División
de África de Human Rights Watch. “El Consejo de Seguridad de
la ONU
no debe ignorar estos hechos brutales”.
En el informe de Human Rights Watch también se documenta cómo las milicias
árabes “janjawid”—cuyos miembros son musulmanes—han destruido mezquitas,
asesinado a líderes religiosos musulmanes y profanado textos coránicos
pertenecientes a sus enemigos.
Human Rights Watch pasó 25 días en Darfur Occidental y sus alrededores
documentando abusos en áreas rurales que habían estado pobladas por comunidades
masalit y fur. Desde agosto, amplias extensiones de sus tierras de origen, entre
las más fértiles de la región, han sido incendiadas y despobladas. Con raras
excepciones, el campo ha sido vaciado de sus habitantes originales masalit y fur.
Las aldeas no han sido incendiadas al azar, sino sistemáticamente—con frecuencia
no una vez, sino dos. El ganado, los comercios de comida, los pozos y las bombas
de agua, las mantas y la ropa han sido saqueados o destruidos.
La ocupación de pueblos incendiados y abandonados por janjawid incontrolados ha
forzado a los civiles a huir a campamentos y asentamientos en la periferia de
ciudades. Pero en el informe de Human Rights Watch se documenta cómo, hasta en
estos campamentos, los janjawid asesinan, violan y saquean con impunidad. A
veces roban los escasos artículos de ayuda de emergencia que han llegado a las
poblaciones desplazadas.
Durante meses, el gobierno sudanés ha restringido el acceso de los medios de
comunicación internacionales a Darfur y ha limitado las informaciones sobre el
conflicto en la prensa nacional. Recientemente, el gobierno ha permitido un
acceso mínimo a la región a las agencias humanitarias internacionales, pero
sigue sin ofrecer la protección y la asistencia necesarias a los civiles
desplazados.
“La dimensión de la emergencia humanitaria en Darfur es inmensa”, señaló
Takirambudde. “Pero los derechos humanos están detrás de esta situación. El
Consejo de Seguridad debe exigir al gobierno sudanés que adopte medidas
inmediatas para frenar la limpieza étnica en Darfur”.
http://www.hrw.org/spanish/docs/2004/05/07/darfur8551.htm
Estados
Unidos le Da Vueltas a
la CPI
Mientras
Arde Darfur
El Consejo de Seguridad de la ONU Debe Rechazar el Plan de Estados Unidos
para un Tribunal Ad Hoc
(Nueva York, 31 de enero de 2005) -- El gobierno de Bush está creando un retraso
mortal para la población de Darfur al intentar impedir que el Consejo de
Seguridad de la ONU someta las atrocidades cometidas en Darfur a la Corte Penal
Internacional, señaló Human Rights Watch en una carta enviada a la Secretaria de
Estado de Estados Unidos Condoleezza Rice.
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La semana pasada, un día después de que las fuerzas armadas sudanesas mataran o
hirieran a casi un centenar de personas en un ataque aéreo en el sur de Darfur,
Estados Unidos presentó una alternativa judicial a la ya en funciones Corte
Penal Internacional (CPI) que llevará mucho tiempo y dinero: que el Consejo de
Seguridad cree un nuevo tribunal ad hoc para Darfur que tenga su sede en
Tanzania, aprovechando las instalaciones del tribunal internacional que está
enjuiciando actualmente a los responsables del genocidio cometido en Ruanda en
1994.
Esta semana está previsto que el Consejo de Seguridad de la ONU reciba las
conclusiones de una comisión de averiguación que estableció en otoño para
investigar las violaciones de los derechos humanos y del derecho humanitario en
Darfur. También tiene el cometido de determinar si se había cometido un
genocidio e identificar a los responsables con vistas a garantizar el
rendimiento de cuentas. Aunque está estudiando varias opciones, es probable que
la comisión recomiende que el Consejo de Seguridad someta el caso de Darfur a la
CPI.
“El retraso que conlleva la creación de un nuevo tribunal sólo conducirá a la
pérdida de más vidas inocentes en Darfur”, señaló Richard Dicker, director del
Programa de Justicia Internacional de Human Rights Watch. “El gobierno de Bush
parece dispuesto a sacrificar a las víctimas de Darfur por su campaña ideológica
contra la corte,” agregó.
Dado que Sudán no ha ratificado el tratado de la corte, la CPI necesitaría una
denuncia del Consejo de Seguridad. Una denuncia a la CPI sería la mejor manera
de garantizar el enjuiciamiento eficiente y efectivo de los principales
responsables de estas atrocidades, señaló Human Rights Watch.
El jueves, el embajador especial para crímenes de guerra, Pierre-Richard
Prosper, planteó a otros miembros del Consejo de Seguridad la idea de establecer
un nuevo tribunal ad hoc para Darfur. Al explicar las razones de Estados Unidos,
dijo: “No queremos tener parte en la legitimización de la CPI”.
El temor de Estados Unidos a enjuiciamientos de estadounidenses por motivos
políticos no sería un problema en el caso de Darfur. No hay ciudadanos
estadounidenses en Darfur que corran el riesgo de ser juzgados por genocidio,
crímenes de guerra, o crímenes contra la humanidad. Ya que la CPI asumiría la
autoridad sobre la situación mediante una denuncia controlada por el Consejo de
Seguridad, este último mantendría el control de la autorización de cualquier
nueva denuncia. Human Rights Watch señaló también que la legislación contra la
CPI vigente en Estados Unidos, la Ley de Protección de los Soldados
Estadounidenses (American Service-Members’ Protection Act), deja abierta la
posibilidad de que Estados Unidos respalde algunos enjuiciamientos por la CPI.
La creación de un nuevo tribunal sería un complicado proceso que llevaría
tiempo. El establecimiento de un nuevo tribunal requiere un estatuto y un
reglamento nuevos, reclutar a personal, y elegir a los jueces. Aunque se
utilizaran las estructuras físicas del Tribunal Penal Internacional para Ruanda,
como ha propuesto el gobierno de Bush, podría llevar más de un año poner en
marcha el nuevo tribunal.
En contraste, la CPI
ya es un tribunal permanente, constituido y en funcionamiento. Podría abrir
rápidamente las investigaciones de los principales responsables de crímenes
graves en Darfur. Esto maximizaría su valor disuasorio, contribuyendo por lo
tanto a salvar vidas.
El jueves, Condoleezza Rice inicia su primera visita a Europa como la nueva
Secretaria de Estado de Estados Unidos. El Reino Unido, miembro del Consejo de
Seguridad, es uno de los ocho países que visitará Rice.
“Teniendo en cuenta los crímenes atroces que se están cometiendo en Darfur,
Washington debería dejar de lado sus objeciones dogmáticas a la CPI y adoptar el
mejor camino para la justicia,” señaló Dicker. “Tony Blair y otros aliados
europeos tienen que enviar un mensaje claro a Condoleezza Rice. Europa debe
insistir en que no abandonará su compromiso de que se haga justicia en Darfur
por la aversión del gobierno Bush a la CPI,” agregó.
Desde principios de 2003, el gobierno sudanés y sus milicias janjawid han
convertido a Darfur en el escenario de uno de los desastres humanitarios más
graves del mundo. A pesar del acuerdo de alto el fuego adoptado en abril por el
gobierno sudanés y los dos grupos rebeldes de Darfur, en los últimos meses se ha
producido una nueva escalada en los combates. Los ataques constantes contra
civiles y trabajadores humanitarios han obstaculizado las operaciones de ayuda a
las más de 1,6 millones de personas que han huido de los ataques del gobierno y
la milicia contra sus pueblos desde principios de 2003. La impunidad
generalizada ha contribuido a la continua inseguridad de los civiles.
Para ver el trabajo de Human Rights Watch sobre Darfur, puede consultar
ésta página
http://www.hrw.org/spanish/docs/2005/01/31/usint10092.htm
http://www.hrw.org/campaigns/darfur/map.htm
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DARFUR Y ABU GHRAIB Entre toda la gama de retos en materia de derechos humanos de 2004, dos plantean amenazas contra los derechos humanos: la limpieza étnica en Darfur y la tortura de detenidos en Abu Ghraib. No son equiparables y, sin embargo, cada uno de ellos a su manera ha tenido consecuencias insidiosas. Uno conlleva la indiferencia frente a las peores atrocidades imaginables, el otro es emblemático de un país poderoso que incumple una de las prohibiciones más básicas. Uno presenta una crisis que amenaza muchas vidas, el otro es un caso de excepcionalismo que amenaza las reglas más fundamentales. La vitalidad de la defensa global de los derechos humanos depende de una respuesta firme a cada uno de ellos—de que se detenga la matanza del gobierno sudanés en Darfur y de que se cambien las decisiones políticas detrás de la tortura y el maltrato a detenidos por parte del gobierno de Estados Unidos. En Darfur, la región occidental de Sudán, la limpieza étnica masiva ha desencadenado muchos forcejeos y denuncias internacionales, pero pocas acciones efectivas. La violencia sistemática contra civiles por parte de las fuerzas gubernamentales sudanesas y las milicias respaldadas por el gobierno constituye crímenes contra la humanidad y algunos la han descrito incluso como genocidio, sin embargo, la respuesta internacional ha sido poco más que condenar las atrocidades, alimentar a las víctimas y enviar a un puñado de fuerzas africanas mal equipadas a intentar, ampliamente en vano, detener la matanza. No se ha ejercido seriamente presión sobre el gobierno sudanés para que cese su campaña homicida. No se ha movilizado ninguna fuerza de protección significativa. El asesinato en masa en Darfur, que se produce una década después del genocidio ruandés, es una burla de las promesas de “nunca jamás”. ¿Cómo pueden pronunciar honestamente estas palabras los gobiernos cuando sus acciones son tan vergonzosamente insuficientes?
Es necesaria una acción inmediata para salvar a la población de Darfur. El Consejo de Seguridad de la ONU—o, si este organismo no actuara, cualquier grupo responsable de gobiernos—tiene que movilizar una fuerza numerosa capaz de proteger a la población civil, enjuiciar a los asesinos y sus comandantes, disolver y desarmar a la milicia del gobierno sudanés, y crear condiciones seguras para que las personas desplazadas puedan retornar a salvo a sus hogares. La pasividad continuada podría socavar un principio fundamental de derechos humanos—que los países del mundo nunca dejarán que la soberanía se interponga a su responsabilidad de proteger a las personas frente a las atrocidades masivas. El uso de la tortura por parte del gobierno de Estados Unidos en la prisión de Abu Ghraib plantea un tipo diferente de desafío: no porque la escala del abuso sea tan grande como en Darfur, sino porque el responsable es tan poderoso. Cuando la mayoría de los gobiernos vulneran el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, cometen una violación. Se condena o enjuicia la violación, pero la regla se mantiene firme. Sin embargo, cuando un gobierno tan dominante e influyente como el de Estados Unidos desafía abiertamente la ley e intenta justificar su desafío, también se debilita la propia ley y se invita a otros a que sigan el ejemplo. El uso deliberado y continuado de la “coacción en los interrogatorios” por parte del gobierno de Estados Unidos—su aceptación y utilización de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes—ha tenido efectos insidiosos, muy por encima de las consecuencias producidas por un abusador ordinario. Dicha conducta ilegítima también ha debilitado la tan necesaria credibilidad de Washington como promotor de los derechos humanos y líder de la campaña contra el terrorismo. En medio de una aparente epidemia de atentados suicidas, decapitaciones y otros ataques contra civiles y no combatientes—todos ellos afrentas a los valores más fundamentales de derechos humanos—la debilidad de la autoridad moral de Washington se siente de manera marcada. Al inicio del segundo mandato del gobierno de Bush, su reto consiste en hacer de los derechos humanos una fuerza que guíe la conducta estadounidense y establecer la credibilidad de Estados Unidos como defensor de los derechos humanos. Como primer paso, el Presidente Bush y el Congreso de Estados Unidos deberían formar una comisión de investigación totalmente independiente—similar a las creada para examinar los atentados del 11 de septiembre de 2001—con el fin de determinar los problemas de las prácticas de interrogatorio del gobierno y prescribir medidas para remediarlos. Washington debe también reconocer y revertir las decisiones políticas que originaron la tortura y el maltrato a detenidos, pedir cuentas a los responsables en todos los niveles del gobierno por el maltrato a detenidos y comprometerse públicamente a poner fin a todas las formas de coacción en los interrogatorios. Darfur Se pueden dar muchas razones para el insensible desprecio del mundo por la muerte de una cantidad estimada de 70.000 personas y el desplazamiento de alrededor de 1,6 millones más en Darfur. El segundo ensayo de este libro describe varias de estas razones. Ninguna de ellas, sin embargo, justifica esta cruel indiferencia. Una vez más, el Consejo de Seguridad de la ONU se ha visto obstaculizado por la amenaza del uso provinciano del poder de veto de sus miembros permanentes—un veto que, como ha recomendado el panel de alto nivel de la ONU sobre amenazas globales, nunca debería ejercerse “en casos de genocidio y abusos a gran escala contra los derechos humanos”. Esta vez, China ha sido el principal problema, demostrando estar más preocupado por preservar sus lucrativos contratos petroleros en Sudán que en salvar miles de vidas. Rusia, protegiendo sus propias ventas valiosas de armas a Jartum, ha secundado esta insensible falta de respuesta.
Los miembros no permanentes también comparten la culpa. Argelia y Pakistán han sido modelos de solidaridad islámica, siempre y cuando se defina como fidelidad a un gobierno islámico y no el compromiso con las vidas de víctimas musulmanas. Para otros miembros africanos del Consejo, Angola y Benin, primó la lealtad a un gobierno de la misma región. En la Asamblea General de la ONU, numerosos gobiernos, hostiles a cualquier crítica por la situación de los derechos humanos debido a sus malos historiales en la materia, se opusieron incluso a discutir la campaña homicida de Sudán, mucho menos a condenarla. Hasta los paladines de los derechos humanos en Darfur—siendo Washington el más destacado de ellos—han parecido concentrarse más en limitar su obligación para con el pueblo de Darfur que en poner fin a la matanza. Una numerosa fuerza militar autorizada por la ONU es necesaria para proteger a los residentes de Darfur y crear condiciones de seguridad que puedan permitir el retorno a salvo a sus hogares. Pero Estados Unidos y sus aliados occidentales han dejado el problema en manos de la Unión Africana, una nueva institución con pocos recursos y sin experiencia en operaciones militares de la escala necesaria. La situación reclama a voces la participación de las principales potencias militares, pero éstas han decidido no estar disponibles. Estados Unidos, Reino Unido y Australia están enfrascados en Irak, y Estados Unidos ha llegado a decir que su determinación de que las matanzas en Darfur constituyen un genocidio no “dicta una nueva acción”. Francia está comprometida en otras partes de África y Canadá está recortando sus compromisos de mantenimiento de la paz, a pesar de promover la “responsabilidad de proteger”. La OTAN está preocupada en Afganistán; la Unión Europea está desplegando fuerzas en Bosnia. Todos tienen algo más importante que hacer que salvar a la población de Darfur de la brutalidad inhumana del gobierno sudanés y su milicia. Otra medida clave para poner fin a la limpieza étnica es garantizar que los responsables de asesinato, violación y otras atrocidades—y sus comandantes—se enfrenten a los tribunales. El gobierno sudanés no ha hecho realmente nada para que se haga justicia. Es necesario un proceso internacional para silenciar las petulantes negativas de responsabilidad que emanan de Jartum y demostrar a la población de Darfur que el mundo ya no considera aceptables su desaparición y desplazamiento. Al igual que la impunidad animó a Jartum a extender sus métodos asesinos desde los campos de la muerte del sur de Sudán a Darfur, el enjuiciamiento demostraría la negativa a tolerar que en Darfur se produzcan el tipo de atrocidades promovidas por el gobierno que han plagado el sur del país durante más de dos décadas. Hay que reconocer que el Consejo de Seguridad estableció una comisión internacional de investigación para Darfur—un posible preludio del enjuiciamiento. Cuando la comisión informe de sus conclusiones a finales de enero, el Consejo tendrá que decidir si somete la cuestión a la Corte Penal Internacional. ¿Verá China más allá de sus contratos petroleros para permitir que se remita la cuestión a la Corte? ¿Superará Estados Unidos su antipatía por la Corte para permitir el enjuiciamiento de crímenes que califica de genocidio? O, mientras la población de Darfur sigue sufriendo y muriendo, ¿insistirá en desperdiciar el tiempo estableciendo un tribunal a parte? Las muchas demostraciones de preocupación del Consejo de Seguridad sonarán a vacías si su respuesta a las peticiones desesperadas de Darfur es, por retraso o inacción, dejar que reine la impunidad. Darfur atestigua hoy la profunda falta de voluntad para prevenir y resarcir los crímenes más atroces contra los derechos humanos. A pesar de las incontables denuncias y las interminables demostraciones de preocupación, se ha hecho muy poco para proteger a la población de Darfur. Un fracaso de esta magnitud desafía el principio fundamental de derechos humanos de que los gobiernos del mundo no darán la espalda a las personas que sufran atrocidades en masa. Ya que si las naciones del mundo no pueden actuar en este caso, ¿cuándo actuarán? ¿Cómo, diez años después del genocidio ruandés, puede haber tanta distancia entre las muestras de preocupación y las acciones? ¿Cómo, cuando se manifiesta lo peor de la crueldad humana, puede quedarse tan indiferente el mundo? Mientras aumenta el saldo de muertes y la charada de la fingida protección se vuelve tan dolorosamente obvia para todos, tenemos que insistir en que los países del mundo rescaten finalmente a la población de Darfur. O esto o que prometan no decir nunca jamás “nunca jamás”. Coacción en los interrogatorios El uso sistemático y continuado por parte del gobierno de Estados Unidos de la coacción en los interrogatorios hace tambalear un pilar del derecho internacional de derechos humanos—la prohibición de siglos, reafirmada incondicionalmente en numerosos tratados de derechos humanos ampliamente ratificados, de que los gobiernos nunca deben someter a los detenidos a tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Sin embargo, en la lucha contra el terrorismo, el gobierno de Estados Unidos ha tratado esta obligación fundamental como una simple exhortación—una cuestión optativa, no obligatoria. El desdén por un principio tan fundamental ha provocado un enorme daño al sistema global para la protección de los derechos humanos. El uso de la tortura y otras técnicas abusivas por parte del gobierno de Estados Unidos ha sido recibido ciertamente con una amplia condena pública. En cierta medida, dicha protesta ha reforzado las reglas que ha violado Washington—pero no suficientemente. El ejemplo de ilegitimidad de Washington es tan poderoso y su influencia es tan singular que esta violación deliberada amenaza con ensombrecer las condenas y dejar el derecho de derechos humanos significativamente debilitado. Si se puede incumplir hasta una regla tan básica como la prohibición de la tortura, otros derechos quedan inevitablemente debilitados también.
Para colmo de males, el gobierno de Bush ha desarrollado teorías legales descabelladas para intentar justificar muchas de sus técnicas de coacción. El gobierno y sus abogados han cuestionado directamente la prohibición absoluta del maltrato a detenidos, ya sea definiendo la tortura de manera tan limitada que su prohibición pierde sentido, sugiriendo argumentos legales falsos para defender a los torturadores o afirmando que el presidente tiene el poder inherente de ordenar la tortura. El problema se ve agravado por el debilitamiento de una de las voces oficiales más importantes a favor de los derechos humanos. El historial de Washington de promoción de los derechos humanos siempre ha sido desigual. Por cada criminal reprendido por transgresiones de los derechos humanos ha habido otro cuyos abusos se han ignorado, excusado e incluso respaldado. Sin embargo, a pesar de esta incoherencia, Estados Unidos ha desempeñado históricamente un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos. Su adopción de la coacción en los interrogatorios—parte de una traición más amplia de los principios de derechos humanos en nombre del combate contra el terrorismo—ha debilitado significativamente su capacidad para organizar dicha defensa. Para los gobiernos que se enfrentan a la presión de Estados Unidos por cuestiones de derechos humanos resulta fácil ahora volver las tornas, para cuestionar la posición de Washington en la defensa de los principios que él mismo viola. Ya sea mediante la defensa de Egipto de la renovación de sus leyes de emergencia haciendo referencia a la legislación antiterrorista de Estados Unidos, la justificación de Malasia de la detención administrativa citando el caso de Guantánamo, la referencia de Rusia a Abu Ghraib para culpar de los abusos en Chechenia exclusivamente a soldados de bajo rango, o las alegaciones de Cuba de que el gobierno de Bush “carece de autoridad moral para acusarle” de violaciones de los derechos humanos, los gobiernos represivos encuentran más fácil desviar la presión estadounidense debido al triste historial de Washington en materia de derechos humanos después del 11 de Septiembre. De hecho, cuando Human Rights Watch les pidió que protestaran la detención administrativa en Malasia y la detención incomunicada prolongada en Uganda, los funcionarios del Departamento de Estado pusieron reparos y explicaron, en palabras de uno de ellos: “con lo que estamos haciendo en Guantánamo, estamos en una difícil posición para empujar este tema”. De manera similar, muchos defensores de los derechos humanos, especialmente en Oriente Medio y el Norte de África, se avergüenzan ahora cuando Estados Unidos sale en su defensa. Puede que ansíen contar con un aliado poderoso, pero identificarse demasiado estrechamente con un gobierno que ignora tan descaradamente el derecho internacional, ya sea en Irak, en Israel o en los territorios ocupados, o con la campaña contra el terrorismo, se ha convertido en una fórmula segura para el descrédito. Cabe reconocer que, en un discurso de noviembre de 2003, el Presidente Bush deploró los “sesenta años de naciones occidentales que excusaban y acomodaban la falta de libertad” en el mundo árabe. Recordando los esfuerzos de Estados Unidos para reducir las dictaduras comunistas en el Este de Europa, el Presidente Bush comprometió a Estados Unidos a emprender una “estrategia avanzada de libertad”. Sin embargo, debido a la animosidad con respecto a las políticas de Washington, la estrecha colaboración con la sociedad civil que caracterizó las iniciativas pro democráticas en el Este de Europa es más difícil de lograr ahora en Oriente Medio y el Norte de África. Esta animosidad no está dirigida contra Estados Unidos, como suele malinterpretarse con la intención de menospreciarla, sino contra la política de Estados Unidos. La pérdida de credibilidad de Washington no se ha producido por falta de apoyo retórico a conceptos estrechamente relacionados con los derechos humanos, pero la adopción de un lenguaje explícito de defensa de los derechos humanos parece haber sido calculadamente rara. El gobierno de Bush habla con frecuencia de su devoción por la “libertad”, su oposición a la “tiranía” y el “terrorismo”, pero rara vez de su compromiso con los derechos humanos. La distinción tiene una importancia enorme. Una cosa es pronunciarse en el bando de los “libres”, y otra muy diferente acatar toda la gama de normas de derechos humanos que fundamentan la libertad. Una cosa es declararse opuesto al terrorismo, y otra muy diferente adoptar el conjunto de leyes internacionales de derechos humanos y humanitarias que consagran los valores que rechazan el terrorismo. Esta prestidigitación lingüística—esta negativa a aceptar las obligaciones legales adoptadas por países respetuosos de estos derechos—ha facilitado el uso de la coacción en los interrogatorios por parte de Washington. Lo que ha sido especialmente frustrante del desprecio de Washington por las normas internacionales es la insensibilidad, incluso contraproducente, que ha demostrado—especialmente en Oriente Medio y el Norte de África, donde se han concentrado las campañas antiterroristas. Los sistemas políticos abiertos y receptivos son la mejor manera de fomentar que las personas resuelvan sus quejas pacíficamente. Pero cuando el defensor oficial más abierto de la democracia viola deliberadamente los derechos humanos, debilita a los reformistas favorables a la democracia y fortalece la llamada de los que pregonan visiones más radicales. Es más, dado que atacar deliberadamente a civiles supone una afrenta contra los valores más fundamentales de derechos humanos, una defensa efectiva contra el terrorismo requiere no sólo medidas de seguridad tradicionales, sino también el reforzamiento de la cultura de derechos humanos. Se debe persuadir a las comunidades más influyentes con los posibles terroristas que la violencia contra civiles nunca está justificada, independientemente de la causa. Pero cuando Estados Unidos desprecia los derechos humanos, debilita esta cultura de derechos humanos y sabotea por lo tanto uno de los instrumentos más importantes para disuadir a posibles terroristas. En cambio, los abusos cometidos por Estados Unidos han supuesto una nueva llamada a las armas para los reclutadores de terroristas, y las fotos de Abu Ghraib se han convertido en los pósteres de los reclutadores de Terrorismo, Inc. Muchos militantes no necesitan incentivos adicionales para atacar a civiles, pero si el debilitamiento de la cultura de derechos humanos promueve que incluso unos pocos indecisos emprendan el camino de la violencia, las consecuencias pueden ser terribles. ¿Y para qué? Para desahogar las frustraciones, ejecutar la venganza—quizá, pero no porque la tortura y el maltrato sean necesarios para la protección. El respeto por los Convenios de Ginebra no impide que se interrogue enérgicamente a detenidos sobre una gama ilimitada de temas. El manual de interrogatorio del Ejército de Estados Unidos deja claro que el abuso socava la búsqueda de información fiable. El mando militar de Estados Unidos en Irak dice que los detenidos iraquíes aportan más información de inteligencia útil cuando no están sometidos a coacción. En palabras de Craig Murray, el antiguo embajador del Reino Unido en Uzbekistán que habló sobre la utilización de testimonios extraídos mediante tortura: “Estamos vendiendo nuestras almas por basura”. Nada de esto quiere decir que Estados Unidos sea el peor violador de los derechos humanos. La lectura detenida del Informe Mundial de Human Rights Watch de este año revela rivales mucho más serios a tan notorio título. Pero la triste realidad es que la incomparable influencia de Washington ha hecho que su contribución a la degradación de las normas de derechos humanos sea única. No es suficiente argumentar, como harán sin duda sus defensores, que el gobierno de Bush tiene buenas intenciones—que es el “bueno de la historia”, en palabras del Wall Street Journal. Una sociedad guiada por las intenciones en lugar de la ley es una sociedad sin ley. Tampoco sirve de excusa para el historial de derechos humanos del gobierno, como han intentado hacer sus defensores, al señalar que ha derrocado a dos gobiernos tiránicos—los talibanes en Afganistán y el partido Baath en Irak. Los ataques contra regímenes represivos no pueden justificar los atentados contra el conjunto de principios que hacen ilegal la represión. Para redimir su credibilidad como promotor de los derechos humanos y líder efectivo de la campaña contra el terrorismo, el gobierno de Bush tiene que reafirmar urgentemente su compromiso con los derechos humanos. Por razones de principio y pragmatismo, tiene que permitir, como se ha señalado, que una comisión de investigación al estilo de la del 11 de Septiembre examine totalmente sus prácticas de interrogatorio. El gobierno debe reconocer entonces lo equivocado de su conducta, pedir cuentas a los responsables (no sólo a un pequeño grupo de soldados y sargentos), y comprometerse públicamente a poner fin a todas las formas de coacción en los interrogatorios.
Encubrimiento e investigación interna Cuando se hicieron públicas las fotos de Abu Ghraib, el gobierno de Bush reaccionó como muchos gobiernos abusivos a los que atrapan con las manos en la masa: adoptó la estrategia de control de daños. Aceptó que la tortura y el abuso que aparecían en las fotos estaban mal, pero intentó minimizar el problema. Según afirmó, los maltratadores eran un puñado de soldados descarriados, unas cuantas “manzanas podridas” al fondo del barreño. Argumentó que el problema estaba contenido, tanto geográficamente (una sección de la prisión de Abu Ghraib) como estructuralmente (sólo soldados de bajo rango, y no comandantes de rango superior). Mantuvo que el abuso fotografiado en Abu Ghraib y divulgado por todo el mundo no tenía nada que ver con las decisiones y las políticas de los funcionarios de mayor nivel. El Presidente Bush prometió que “los malhechores serían llevados ante la justicia”, pero a principios de diciembre de 2004, nadie por encima del rango de sargento estaba sometido a enjuiciamiento. Un elemento clave de esta estrategia de control de daños fue una serie de investigaciones cuidadosamente limitadas—diez hasta ahora. La mayoría de las investigaciones, tales como las dirigidas por el Mayor General George Fray y el Teniente General Anthony Jones, consistieron en el examen por parte de oficiales militares uniformados de la conducta de sus subordinados; estos oficiales carecían de autoridad para investigar a funcionarios superiores del Pentágono. La única investigación con capacidad teórica para examinar la conducta del Secretario de Defensa Donald Rumsfeld y sus ayudantes superiores—la investigación liderada por el antiguo Secretario de Defensa James Schlesinger—fue designada por el propio Rumsfeld y pareció esforzarse por distanciarse del problema. (En la conferencia de prensa en la que se hizo público el informe de la investigación, Schlesinger dijo que la renuncia de Rumsfeld “daría alas a todos los enemigos de Estados Unidos”.) La investigación de Schlesinger careció de la independencia de la Comisión del 11 de Septiembre, por ejemplo, que fue creada con la participación activa del Congreso de Estados Unidos. Por su parte, la Agencia Central de Inteligencia (CIA)—el organismo del gobierno estadounidense del que se cree que tiene detenidos a los sospechosos de terrorismo más importantes—ha eludido el escrutinio de cualquiera que no sea su propio inspector general. Mientras tanto, no parece que nadie esté considerando el papel del Presidente Bush y otros funcionarios superiores del gobierno. Cuando un funcionario no identificado del gobierno tomó represalias contra un crítico del gobierno de Bush revelando que su mujer era agente de la CIA—un delito grave porque podría ponerla en peligro—el gobierno acordó, bajo presión, designar a un fiscal especial al que se le ha prometido independencia de la dirección del gobierno. Sin embargo, el gobierno se ha negado a nombrar a un fiscal especial para determinar si funcionarios superiores autorizaron la tortura y otras formas de coacción en los interrogatorios—un delito mucho más grave y sistemático. Como consecuencia, no se está realizando ninguna investigación penal de los métodos abusivos de interrogatorio del gobierno que no esté controlada por el propio gobierno. El aluvión de investigaciones internas no puede ensombrecer la falta de una investigación verdaderamente independiente. Las políticas en el origen de Abu Ghraib Los abusos de Abu Ghraib no surgieron espontáneamente en los niveles más bajos de la cadena de mando militar. No fueron meramente un fallo de “gestión”, como sugirió la investigación de Schlesinger. Fueron el producto directo de un entorno de ilegalidad, un ambiente originado por decisiones políticas adoptadas en los niveles más altos del gobierno de Bush, muchas de ellas mucho antes del inicio de la guerra de Irak. Son un reflejo de la determinación de combatir el terrorismo sin las constricciones de principios fundamentales internacionales de los derechos humanos y del derecho humanitario—a pesar de que Estados Unidos y gobiernos de todo el mundo se han comprometido a respetar dichos principios incluso en tiempos de guerra y graves amenazas contra seguridad. Las decisiones del gobierno de Bush recabaron un apoyo importante de un coro de entendidos y académicos partidistas en Estados Unidos quienes, alegando que una amenaza sin precedentes contra la seguridad justificaba medidas sin precedentes, estaban demasiado ansiosos por abandonar los principios fundamentales sobre los que se había fundado su país. Estas decisiones incluyeron: · La decisión de no aplicar los Convenios de Ginebra a los detenidos por Estados Unidos en Guantánamo, a pesar de que los convenios se aplican a todas las personas capturadas en el campo de batalla en Afganistán. Altos funcionarios del gobierno Bush prometieron que todos los detenidos serían tratados “humanamente”, pero parece que esta promesa nunca se implementó seriamente y se calificó en ocasiones de excepción creada por ellos mismos por razones de “necesidad militar”. Mientras tanto, la destrucción efectiva de los Convenios de Ginebra trasmitió a los interrogadores estadounidenses que, en palabras de un destacado funcionario antiterrorista, “se habían acabado las contemplaciones”. · La decisión de no aclarar durante casi dos años que, independientemente de la aplicabilidad de los Convenios de Ginebra, todos los detenidos bajo la custodia de Estados Unidos estaban protegidos por los requisitos paralelos de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Incluso cuando, a instancias de un grupo de derechos humanos, un alto funcionario del Pentágono reafirmó tardíamente, en junio de 2003, que la convención prohibía no sólo la tortura sino también otras formas de maltrato, dicho anuncio se comunicó a los interrogadores, si es que se hizo, de un manera que no tuvo consecuencias discernibles en su conducta. · La decisión de interpretar de manera limitada la prohibición del trato cruel, inhumano o degradante, para permitir ciertas formas de coacción en los interrogatorios—es decir, ciertos esfuerzos para incrementar el dolor, el sufrimiento y la humillación de un sospechoso para hacerle hablar. No es sorprendente que estos métodos se volvieran más coercitivos al “migrar”, en palabras de dos investigaciones del Pentágono, de un escenario controlado como el de Guantánamo a los campos de batalla de Afganistán e Irak. · La decisión de detener a algunos sospechosos—once conocidos y probablemente muchos más—en secreto e incomunicados, fuera del alcance de hasta el Comité Internacional de la Cruz Roja. Las víctimas de dichas “desapariciones” están expuestas al mayor riesgo de tortura y otras formas de maltrato. Por ejemplo, las fuerzas estadounidenses continúan manteniendo centros secretos de detención en Afganistán, donde se sigue informando de palizas, amenazas y humillaciones sexuales. Desde finales de 2001, seis personas arrestadas por las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán han muerto durante la detención—uno de ellos en septiembre de 2004. · La negativa durante más de dos años de enjuiciar a soldados estadounidenses que, según el propio examinador médico del Pentágono, habían sido responsables de las muertes “homicidas” de dos sospechosos que estaban siendo interrogados por Estados Unidos en Afganistán en diciembre de 2001. En cambio, se informó de que los interrogadores habían sido enviados a Irak, donde algunos de ellos estuvieron presuntamente involucrados en nuevos abusos. · La aprobación por parte del Secretario de Defensa Rumsfeld de algunos métodos de interrogatorio en Guantánamo que violaron, como mínimo, la prohibición del trato cruel, inhumano o degradante y posiblemente la prohibición de la tortura. Estas técnicas incluyeron poner a los detenidos en posturas dolorosamente incómodas, encapucharlos, quitarles la ropa y atemorizarles con perros guardianes. Dicha aprobación fue rescindida posteriormente, pero contribuyó al ambiente en el que las obligaciones legales de Estados Unidos se consideraban prescindibles. · La aprobación aparente por parte de un alto funcionario no identificado del gobierno de Bush y el uso del “submarino”—una técnica de tortura en la que se hace creer que va a ahogarse a la víctima, que se ahoga a veces en la práctica. · El traslado de sospechosos a países, tales como Siria, Uzbekistán y Egipto, que practican la tortura sistemática. En ocasiones se han pedido garantías diplomáticas de que los sospechosos no serán maltratados, pero si, como en estos casos, los gobiernos receptores violan habitualmente su obligación legal en virtud de la Convención contra la Tortura, sería un error esperar un mayor cumplimiento por la palabra no vinculante de un diplomático. · La decisión (adoptada en los primeros días del gobierno de Bush) de oponerse y socavar la Corte Penal Internacional, en parte por miedo a que pudiera obligar a Estados Unidos a enjuiciar a personal estadounidense implicado en crímenes de guerra y otros delitos comparables que el gobierno preferiría ignorar. Esto demostró una determinación de proteger al personal estadounidense frente a la responsabilidad externa por crímenes contra los derechos humanos que pudiera autorizar el gobierno de Estados Unidos. · La decisión del Departamento de Justicia, el Departamento de Defensa y los asesores de la Casa Blanca de improvisar teorías legales dudosas para justificar la tortura. A pesar de las objeciones del Departamento de Estado y abogados militares profesionales, estos departamentos gubernamentales, dirigidos por abogados políticamente designados, ofrecieron interpretaciones tan absurdas de la ley como que el Presidente Bush tiene “autoridad de comandante en jefe” para ordenar la tortura. Según esta teoría, a Slobodan Milosevic y Saddam Hussein se les podrían dar perfectamente las llaves de sus celdas, ya que ellos, también, habrían tenido presuntamente “autoridad de comandante en jefe” para autorizar las atrocidades que dirigieron.
Hasta el día de hoy, el gobierno de Bush no ha repudiado muchas de estas decisiones. Continúa negándose a aplicar los Convenios de Ginebra a ninguno de los más de 500 detenidos en Guatánamo (a pesar del fallo de un tribunal de Estados Unidos rechazando esta posición) y a muchos otros detenidos en Irak y Afganistán. Continúa desapareciendo a detenidos, a pesar de las amplias pruebas de que estos “detenidos fantasma” son extraordinariamente vulnerables a la tortura. Se niega a renegar de la práctica de “entregar” a sospechosos a gobiernos que torturan. Continúa su venganza contra la Corte Penal Internacional. Se niega a rechazar en otros términos que no sean vagos y generales los muchos argumentos especiosos en defensa de la tortura recogidos en los notorios “memorandos sobre tortura” de los abogados del gobierno. Y sigue negándose a repudiar todas las formas de coacción en los interrogatorios y adoptar una política clara que las prohíba. De hecho, se informó de que todavía en junio de 2004—mucho después de que se hiciera público el maltrato en Abu Ghraib—continuaba sometiendo a los detenidos de Guantánamo a palizas, aislamiento prolongado, humillación sexual, temperaturas extremas y posiciones dolorosamente incómodas—prácticas que el Comité Internacional de la Cruz Roja calificó aparentemente de “equivalentes a tortura”.
Mientras el gobierno de Bush forma a su gabinete para el segundo mandato presidencial, el Presidente Bush parece haber descartado incluso la responsabilidad informal. El Secretario de Estado Colin Powell, el miembro del gabinete que se opuso más firmemente al repudio por parte del gobierno de los Convenios de Gobierno, se va. El Secretario de Defensa Donald Rumsfeld, que ordenó las técnicas abusivas de interrogatorio en violación del derecho internacional, se queda. El asesor de la Casa Blanca Alberto Gonzáles, que pidió la elaboración de los memorandos que justificaban la tortura y escribió él mismo que la lucha contra el terrorismo hace “obsoletas” y “pintorescas” las limitaciones de los Convenios de Ginebra sobre el interrogatorio y el trato a prisioneros, ha sido premiado con el nombramiento al puesto de Fiscal General. En cuanto al gobierno de Bush en general, las elecciones de noviembre parecen haber reforzado su falta tradicional de inclinación a examinar seriamente su propia conducta. Al ver aparentemente los resultados electorales como una vindicación total, se niega a admitir su papel en Abu Ghraib y otros abusos en los interrogatorios. La lógica retorcida de la tortura Una lógica retorcida y peligrosa está detrás de la negativa del gobierno de Bush a rechazar la coacción en los interrogatorios. Muchos funcionarios de seguridad de Estados Unidos parecen creer que la coacción en los interrogatorios es necesaria para proteger a los estadounidenses y sus aliados de un atentado terrorista catastrófico. Afirman que la tortura y el trato inhumano pueden estar mal, pero el asesinato en masa es peor, por lo que habría que tolerar el mal menor para prevenir el mayor. Sin embargo, conscientes de cuán fundamental es la prohibición de la tortura para la civilización moderna, hasta los promotores de la estrategia de mano dura contra el terrorismo se muestran reticentes a prescribir la tortura sistemática. En cambio, pretenden crear una excepción rara a la regla contra la tortura invocando el escenario de la “bomba de relojería”, una situación en la que se dice que los interrogadores descubren que un terrorista detenido sabe dónde se ha colocado una bomba de relojería y tienen que extraerle la información por la fuerza para salvar vidas. El escenario de la bomba de relojería contribuye a una fantástica discusión filosófica, pero raramente se produce en la vida real—al menos no de una manera en la que no se pueda evitar abrir la puerta a la predominancia de la tortura. De hecho, los interrogadores casi nunca descubren que un sospechoso detenido sabe de un atentado terrorista inminente en particular. La información de inteligencia es rara vez lo suficientemente buena para facilitar dicha advertencia específica y temprana. En cambio, el escenario de la bomba de relojería es una metáfora peligrosamente expansiva capaz de abarcar a todo el que pudiera tener conocimiento de futuros atentados terroristas no especificados. Después de todo, ¿por qué sólo las víctimas de un atentado terrorista inminente merecen protección mediante tortura? ¿Por qué no usar también la tortura para prevenir los atentados terroristas que puedan ocurrir mañana o la semana que viene o el año que viene? Y una vez que se haya acabado con el tabú contra la tortura, ¿por qué quedarse en los propios presuntos terroristas? ¿Por qué no usar la tortura también con sus familiares y aliados—cualquiera que pudiera ofrecer información que salve vidas? El terreno es muy resbaladizo. Israel constituye un ejemplo instructivo de lo peligrosamente flexible que puede volverse la lógica de la bomba de relojería. En 1987, la Comisión Landau de Israel autorizó el uso de “presión física moderada” en situaciones de bomba de relojería. Una práctica justificada inicialmente como rara y excepcional, adoptada sólo cuando fuera necesaria para salvar vidas, que se convirtió gradualmente en un procedimiento normal. En poco tiempo, alrededor del 80 a 90 por ciento de los palestinos detenidos por razones de seguridad eran torturados—hasta que, en 1999, la Corte Suprema de Israel restringió la práctica. También se han sugerido otros mecanismos para permitir la tortura sólo en situaciones excepcionales. Se podría pedir a los jueces que aprueben la tortura. Se podría requerir el consentimiento de los máximos niveles del Poder Ejecutivo. Sin embargo, al final, cualquier esfuerzo por regular la tortura termina por legitimarla e invitar a su repetición. “Nunca” no puede redimirse si puede interpretarse como “a veces”. La regulación se convierte con mucha facilidad en licencia. El gobierno de Bush intentó permitir sólo una coacción limitada mediante una regulación estricta, pero esto, como era de esperar, condujo a un uso más expansivo. Una vez que un gobierno permite a los interrogadores que incrementen el nivel de dolor, sufrimiento y humillación, el abuso grave no tardará en llegar. Esto se debe a la improbabilidad de que un terrorista curtido vaya a ceder por una incomodidad menor o niveles leves de dolor. Una vez que se permite la coacción, los interrogadores se sentirán tentados a intensificar el maltrato hasta que el sospechoso se venga abajo. Y de este modo, el trato cruel, inhumano o degradante dará paso a la tortura. Como explican la mayoría de los interrogadores profesionales, y como confirma el manual de interrogatorio del Ejército de Estados Unidos, es mucho menos probable que la coacción en los interrogatorios produzca información fiable que los métodos comprobados desde hace tiempo del cuidadoso cuestionamiento, el sondeo y el cotejo de la información, y ganarse la confianza del detenido. Es probable que una persona sometida a un dolor intenso diga cualquier cosa que pueda detener la tortura. Pero un interrogador cualificado puede extraer frecuentemente información precisa del sospechoso más duro sin recurrir a la coacción. Es más, una vez que se viola la norma contra la tortura, es difícil limitar las consecuencias. Los que se enfrentan al riesgo creciente de tortura no son sólo los “presuntos terroristas” sino cualquiera que se encuentre detenido en cualquier lugar del mundo—incluidos, por supuesto, los estadounidenses. Después de todo, ¿cómo puede protestar Estados Unidos el maltrato a sus tropas por parte de otros cuando sus carceleros no hagan más que lo que hace Washington con sus propios detenidos? Además, poner en compromiso la prohibición de la tortura socava otros derechos humanos. Esto nos pone en peligro a todos, en parte por las arriesgadas implicaciones de la campaña contra el terrorismo. Después de todo, ¿por qué es aceptable violar la prohibición fundamental de la tortura pero no es aceptable violar la prohibición fundamental del ataque contra civiles? El torturador puede justificar su conducta apelando a una fuerza mayor, pero lo mismo hace la mayoría de los terroristas. En ninguno de los casos se debe permitir que el fin justifique los medios. La Unión Europea Mientras Estados Unidos va perdiendo credibilidad en materia de derechos humanos, existe una necesidad urgente de asumir la responsabilidad de liderazgo. La Unión Europea (UE) es un candidato obvio, pero su desempeño ha sido inconsistente en el mejor de los casos. A nivel formal, la UE ha adoptado un orden basado en las reglas al afirmar que “el establecimiento del Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos son la mejor manera de fortalecer el orden internacional”. También ha afirmado repetidamente que todas las medidas contra el terrorismo tienen que ser plenamente compatibles con los derechos humanos y el derecho humanitario internacionales. Y ha respaldado firmemente el naciente sistema internacional de justicia. Sin embargo, los propios gobiernos europeos han estado dispuestos a violar normas básicas de derechos humanos—incluso las relacionadas con la tortura. Suecia, por ejemplo, envío a dos presuntos terroristas a Egipto, cuyo gobierno ostenta un historial de tortura sistemática. Estocolmo intentó parapetarse detrás de las garantías diplomáticas del Cairo de que los hombres no serían maltratados, pero dichas garantías fueron ignoradas como era predecible. Alemania, los Países Bajos, Austria y el Reino Unido han devuelto también o intentado devolver a presuntos terroristas o personas que amenazan la seguridad a lugares donde corrían el riesgo de ser torturados. El Reino Unido se niega a descartar el empleo de información extraída mediante tortura en los procesos judiciales; su excusa es que no contrata él mismo la tortura, sino que se limita a recibir pasivamente sus frutos, a pesar de que su relación constante con aliados de los servicios de inteligencia termina por fomentar más tortura. Una erosión similar de las normas de derechos humanos que gobiernan la lucha contra el terrorismo puede encontrarse en ciertas prácticas de detención de los miembros de la UE. El gobierno del Reino Unido suspendió el cumplimiento de obligaciones fundamentales de derechos humanos para poder detener indefinidamente sin cargos ni juicio a ciudadanos extranjeros sospechosos de actividades terroristas. En España, los sospechosos de terrorismo pueden estar detenidos virtualmente incomunicados durante un máximo de 13 días, sin poder entrevistarse en privado con un abogado. Francia ejerce el derecho de detener sin cargos hasta tres años a los ciudadanos franceses liberados de Guantánamo. Estas prácticas abusivas comprometen la capacidad de la Unión Europea de cubrir el vacío de liderazgo dejado por la adopción de la coacción en los interrogatorios por parte de Washington. En un momento que reclama un distanciamiento de las equivocadas prácticas estadounidenses, la Unión Europea parece estar optando por emularlas. Es inmediatamente necesario un nuevo compromiso claro con los principios de derechos humanos para que la Unión Europea sirva de contrapeso efectivo a la influencia insidiosa de Washington sobre las normas de derechos humanos. El camino por delante La fortaleza del compromiso de los gobiernos con los derechos humanos se medirá, en gran parte, en función de la respuesta a dos retos actuales. Frente a las atrocidades patrocinadas por el gobierno sudanés en Darfur, ¿continuará el mundo viendo como se desarrolla la limpieza étnica, o responderá de manera significativa para acabar con el asesinato, la violación, los incendios y el desplazamiento forzado, y forzará al gobierno sudanés a crear condiciones de seguridad para que los desplazados pueden retornar a salvo a sus hogares? La respuesta determinará si el mundo puede argumentar creíblemente que hay límites a los horrores que permitirá que un gobierno inflija a su pueblo. Frente a las pruebas sustanciales que demuestran que los abusos en Abu Ghraib y otros lugares fueron causados en gran parte por las políticas oficiales del gobierno, ¿continuará Estados Unidos tratando la tortura de detenidos como la mala conducta espontánea de unos cuantos soldados de bajo rango, o permitirá la creación de una comisión de investigación totalmente independiente, al estilo de la del 11 de Septiembre—el primer paso para reconocer las dimensiones políticas del problema, castigar a los responsables y comprometer a Estados Unidos a poner fin a toda coacción en los interrogatorios? Estas medidas son necesarias para reafirmar la prohibición de la tortura y el maltrato, redimir a Washington como creíble promotor de los derechos humanos, y restaurar la efectividad de una campaña contra el terrorismo liderada por Estados Unidos. En ninguno de los casos la respuesta apropiada será fácil. Salvar a la población de Darfur requerirá un compromiso significativo de fuerzas y recursos internacionales. Reconocer la dimensión del problema de Abu Ghraib será políticamente vergonzante. Sin embargo, ambas medidas son necesarias. Ha llegado el momento de mirar más allá de las excusas y las racionalizaciones convenientes para reafirmar lo que deberían ser los principios rectores de derechos humanos para todos los países. Enero de 2005 [*] El autor es director ejecutivo de Human Rights Watch. |
http://www.hrw.org/spanish/inf_anual/2005/darfur.html
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[Embargado hasta el 18 de enero de 2005] |
Público |
Amnistía Internacional
SUDÁN
¿Quién responderá por los crímenes?
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Resumen |
Índice AI: AFR 54/006/2005 |
El 9 de enero de 2005 se firmó en Sudán un acuerdo de paz entre el gobierno central y el principal grupo armado de oposición del sur para poner fin a la guerra civil, que ha durado 21 años. Amnistía Internacional era que este hecho sea el principio de una nueva era para la protección de los derechos del pueblo sudanés y para unas reformas que atajen la injusticia, la discriminación y las violaciones graves de los derechos humanos en Sudán.
La guerra civil en el sur de Sudán ha sido el contexto en el que las fuerzas armadas y las milicias que colaboran con ellas, y los grupos armados de oposición del sur del país, han cometido incontables violaciones de derechos humanos, incluido el incumplimiento sistemático de las leyes que regulan los conflictos armados internos. Los asesinatos, las violaciones, los secuestros, los bombardeos aéreos indiscriminados, los desplazamientos forzosos, así como la destrucción de poblados y el saqueo de propiedades han sido hechos demasiado habituales en la guerra civil. Y sin embargo, los protocolos y acuerdos que han hecho posible la paz no mencionan estos abusos, muchos de los cuales constituyen crímenes según las leyes internacionales. No establecen ningún mecanismo para que los responsables de esos crímenes respondan de ellos y para que se haga justicia para las miles de víctimas sudanesas. Las demandas de justicia han sido cómodamente ignoradas por los mediadores internacionales en el proceso de paz norte-sur, los cuales argumentan que sería difícil conseguir que se firmara un acuerdo de paz si a las partes del conflicto se les pidiera que respondieran de los crímenes cometidos por sus fuerzas armadas.
En el actual conflicto en Darfur se han cometidos abusos similares a los del sur en escala y gravedad. De nuevo, no se ha dado ningún paso serio para hacer responder a nadie ante la justicia. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) ha encargado a una comisión de investigación internacional que investigue las graves violaciones de los derechos humanos internacionales y del derecho internacional humanitario cometidas en Darfur, que determine si ha habido genocidio y que identifique a los perpetradores. La comisión representa el primer intento formal serio de investigar, a la luz de las leyes internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, los graves crímenes que se han cometido en esta región. La comisión debe informar de sus conclusiones al Consejo de Seguridad el 25 de enero de 2005.
Establecer responsabilidades penales individuales, averiguar la verdad y proporcionar reparación plena a las víctimas es crucial para crear una paz duradera en Sudán. Si los sospechosos de graves abusos en el contexto de la guerra civil entre el norte y el sur no comparecen ante la justicia significará para ellos, y para otros, que pueden continuar violando los derechos humanos en Darfur o en cualquier otro lugar, con total impunidad. Un plan global para acabar con la impunidad en Sudán reforzará el acuerdo de paz norte-sur y podrá también contribuir a poner fin a los abusos contra los civiles actualmente sitiados en Darfur.
Acabar con la impunidad es esencial para que las víctimas de graves crímenes según las leyes internacionales y para que los familiares de las personas muertas, "desaparecidas" o torturadas afronten su pérdida y obtengan reparación; para garantizar que los perpetradores de esos delitos se encuentran en una posición en la que nunca más puedan cometer esos abusos; para mostrar que esos crímenes no volverán a ser tolerados; para evitar que la gente busque venganza y se tome la justicia por su mano; y por último, para eliminar la amenaza de que esos crímenes se repitan en el futuro.
Este documento expone casos de crímenes graves tipificados en las leyes internacionales de derechos humanos y en el derecho internacional humanitario cometidos en Darfur y en otros lugares de Sudán, por los que nadie ha rendido cuentas. Amnistía Internacional espera que este informe mueva a la acción para poner fin al clima de impunidad existente en Sudán, lo cual pueda sentar las bases para que las víctimas obtengan plena reparación, y justicia y paz duradera en todo el país.
El sistema sudanés de justicia no se ha mostrado ni dispuesto a investigar los crímenes cometidos en Darfur ni capaz de ello. El gobierno sudanés y el Movimiento/Ejército de Liberación Popular de Sudán (M/ELPS), principal grupo armado del sur, no se han comprometido a rendir cuentas por las masivas violaciones del derecho internacional humanitario de las que son responsables.
Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que cumpla su cometido de hacer respetar la justicia en Sudán, exigiendo la adopción de un plan global y a largo plazo para erradicar la impunidad en todo el país. Debe remitir la situación en Sudán, incluida Darfur, a la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, de la misma forma que debe remitir a la jurisdicción de este tribunal situaciones en las que, en cualquier parte del mundo, se estén cometiendo violaciones de las leyes internacionales y del derecho internacional humanitario, como crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio.
La Corte Penal Internacional sólo juzgaría, no obstante, a algunos de los responsables de los de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. El Consejo de Seguridad de la ONU y otros miembros de la comunidad internacional, especialmente países donantes, deben también adoptar acciones complementarias para acabar con la impunidad en Sudán. Deben apoyar una reforma global del sistema judicial sudanés con vistas a que sea posible llevar ante los tribunales a los autores de actos tipificados en las leyes internacionales y el derecho internacional como crímenes graves. Un plan global para poner fin a la impunidad en Sudán debe incluir el ejercicio de la jurisdicción universal ante la Corte Penal Internacional o mediante el establecimiento de tribunales mixtos, compuestos por miembros sudaneses y de la comunidad internacional.
El gobierno sudanés y el M/ELPS han declarado su compromiso de hacer realidad la paz, y tienen la responsabilidad de garantizar al pueblo sudanés una paz duradera, basada en la verdad y en la justicia. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno sudanés y al M/ELPS que establezcan, con el apoyo de la comunidad internacional, mecanismos para rendir cuentas por los graves crímenes cometidos en los 21 últimos años en Sudán. Esos mecanismos podrían crear una Comisión de la Verdad y la Reconciliación, tal como demanda la sociedad civil en el sur, que podría ayudar a reconocer los abusos cometidos en el pasado y a ayudar a las víctimas a afrontar su trauma. No obstante, esta medida no debe ser un sustituto de la responsabilidad de rendir cuentas ante la justicia por la mayoría de los graves crímenes cometidos. Debe ponerse también en marcha una reforma profunda del sistema de justicia nacional.
Este texto resume el documento titulado Sudán ¿Quién responderá por los crímenes? (Índice AI: AFR 54/006/2005), publicado por Amnistía Internacional en enero de 2005. Si desean más información o emprender acciones al respecto, consulten el documento completo. En el sitio web http://www.amnesty.org encontrarán una amplia selección de materiales de AI sobre éste y otros asuntos. Los comunicados de prensa de la organización pueden recibirse por correo electrónico solicitándolo en la dirección:
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO
Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España
África : Sudán
República de Sudán
Jefe del Estado y del gobierno: Omar Hassan Ahmad Al Bashir
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de
la Corte Penal Internacional:
firmado
Convención de
la ONU sobre la Mujer
y su Protocolo Facultativo:
no firmados
Hechos más destacados entre enero y diciembre de 2005
Información general :
Darfur :
Detenciones arbitrarias, tortura y uso de la
fuerza :
Restricciones a la libertad de prensa
:
Personas desplazadas en Jartum y sus alrededores
:
La región oriental :
Visitas de Amnistía Internacional
En Darfur, en el oeste de Sudán, las fuerzas gubernamentales, las milicias aliadas con el gobierno y los grupos políticos armados siguieron perpetrando graves abusos contra los derechos humanos. Las fuerzas aliadas con el gobierno y, en ocasiones, los grupos políticos armados atacaron a personal de ayuda humanitaria y a otros civiles. Se detuvo de forma arbitraria a presuntos simpatizantes de grupos políticos armados en Darfur, así como a activistas de los derechos humanos y a miembros de grupos políticos armados en todo el norte de Sudán. Excepto en Darfur y en el este del país, el nuevo gobierno de Unidad Nacional, formado en julio tras la firma en enero de un acuerdo de paz global, levantó el estado de excepción vigente desde 1989. En la nueva Constitución Provisional, que entró en vigor en julio, se incorporaron muchas disposiciones positivas en materia de derechos humanos, pero se mantuvo la pena de muerte, incluso para menores, y no se eliminó la inmunidad procesal de los altos cargos responsables de crímenes de guerra o de crímenes de lesa humanidad. En Jartum seguían recluidos arbitrariamente centenares de presos políticos. Continuaron las detenciones arbitrarias, las reclusiones en régimen de incomunicación, las torturas y las restricciones a la libertad de expresión, sobre todo contra defensores de los derechos humanos, activistas estudiantiles y desplazados internos residentes en Jartum y sus alrededores.
Información general
Siguió el
conflicto de
Darfur.
En julio, el gobierno y dos grupos políticos armados acordaron una declaración
de principios con el fin de resolverlo, pero se registraron numerosas
violaciones del alto el fuego y continuaron siendo remotas las perspectivas de
un acuerdo duradero. Las fuerzas de la Unión Africana desplegadas en la zona no
eran todavía plenamente operativas.
La
Corte Penal
Internacional, basándose en una remisión del Consejo de Seguridad de la ONU,
inició una investigación sobre la situación en
Darfur,
pero al terminar 2005 no se le había permitido todavía el acceso a Sudán. El
gobierno sudanés creó un tribunal nacional para juzgar los crímenes relacionados
con el conflicto de
Darfur
y aseguró que esta medida haría innecesaria la intervención de
la Corte
Penal
Internacional. Sin embargo, las autoridades no iniciaron investigaciones ni
enjuiciamientos más que sobre algunos de los presuntos responsables de los
crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos en
Darfur.
La
Unión Africana
no firmó un acuerdo de cooperación con la Corte Penal Internacional, y el
Consejo de Seguridad no tomó más medidas para aplicar
la
Resolución
1593
(véase infra).
El 9 de enero se firmó el Acuerdo de Paz Global, que puso fin a decenios de
guerra civil entre el norte y el sur. La paz se mantuvo, aunque ciertas milicias
del sur excluidas del Acuerdo continuaron combatiendo. Aumentó en el sur de
Sudán la presencia del grupo político armado ugandés Ejército de Resistencia del
Señor, que incrementó sus ataques contra civiles y, en ocasiones, contra
trabajadores humanitarios. Se calculaba que más de tres millones de desplazados
internos y medio millón de refugiados volverían al sur.
El 24 de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU
creó
la Misión de la ONU
en Sudán (UNMIS), con el mandato de apoyar el Acuerdo de Paz Global y de
facilitar ayuda a la misión de
la Unión
Africana
en
Darfur.
La muerte a finales de julio de John Garang de Mabior, jefe del gobierno del sur
de Sudán y vicepresidente primero del nuevo gobierno de Unidad Nacional, originó
disturbios generalizados en Jartum y Yuba. Le sucedió Salva Kiir. Hasta 130
personas murieron como consecuencia de los actos de violencia, y en Jartum se
detuvo a más de 1.500.
En el este, donde seguía incubándose un malestar soterrado, dos grupos políticos
armados, el Congreso de Beja y los Leones Libres, se fusionaron en febrero para
formar el Frente Oriental.
Darfur
El gobierno y las milicias nómadas respaldadas por él conocidas como los yanyawid continuaron perpetrando crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Los grupos políticos armados contrarios al gobierno también cometieron crímenes de guerra. Muchos civiles murieron o resultaron heridos a manos de las tropas del gobierno, que a veces bombardean pueblos desde el aire, de las milicias yanyawid y de los grupos políticos armados. Las milicias alineadas con el gobierno y, en ocasiones, las fuerzas gubernamentales continuaron secuestrando y agrediendo sexualmente a mujeres y niñas. Tras una importante ofensiva llevada a cabo por el gobierno en enero, la violencia disminuyó hasta abril y luego se estabilizó, para intensificarse de nuevo a finales de agosto. Las violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno contra activistas de los derechos humanos continuaron. Los abusos de los grupos políticos armados aumentaron al debilitarse sus estructuras de mando a causa de las crecientes divisiones entre facciones y las luchas intestinas. Estos grupos hostigaron cada vez más también a los trabajadores humanitarios. Las tropas de mantenimiento de la paz de la Misión de la Unidad Africana en Sudán (AMIS) sufrieron ataques, incluidos secuestros, de las milicias respaldadas por el gobierno y de algunas facciones de los grupos políticos armados.
Las torturas eran generalizadas. Se detenía de forma arbitraria y se torturaba sobre todo a presuntos seguidores de los grupos políticos armados y a residentes de los campos de desplazados internos.
Personas desplazadas
Seguía habiendo más de 1,8 millones de desplazados internos, y en Chad permanecían todavía 220.000 refugiados. Los desplazados internos huían de los ataques, trasladándose de las zonas rurales a los asentamientos situados en los alrededores de las ciudades y pueblos de Darfur. Las milicias yanyawid y las fuerzas gubernamentales ponían en peligro la seguridad incluso dentro de los campos de desplazados internos.
Iniciativas internacionales sobre
Darfur
Una comisión
de investigación nombrada por la ONU señaló en enero que el gobierno y las
milicias alineadas con él habían cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad
en
Darfur,
y que el sistema judicial sudanés no estaba en condiciones de abordar la
situación ni se mostraba dispuesto a hacerlo.
El 31 de marzo, el Consejo de Seguridad de
la ONU
aprobó
la
Resolución
1593,
en la que se remitía la situación de
Darfur
a la
Corte Penal
Internacional. En ella se pedía a Sudán y a todas las demás partes en el
conflicto que colaboraran con
la Corte. Sin
embargo, como resultado de la presión de Estados Unidos, se incluyó una
disposición por la que se excluía de la jurisdicción de
la Corte a
los ciudadanos de los Estados que no hubieran ratificado el Estatuto de Roma,
excepto Sudán.
La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos no publicó el informe
de la misión que había enviado a Sudán en julio de 2004 porque, al parecer,
estaba esperando la respuesta del gobierno sudanés, a pesar de que éste no había
cooperado anteriormente sobre esta cuestión.
Detenciones arbitrarias, tortura y uso de la fuerza
Se siguió reprimiendo la libertad de expresión, recurriendo de manera generalizada a la detención arbitraria, la reclusión en régimen de incomunicación y la tortura. Entre las víctimas figuraban sobre todo activistas políticos, defensores de los derechos humanos, líderes estudiantiles y desplazados internos que vivían en Jartum o en sus alrededores.
Miembros de la oposición política
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Se siguió acosando y reprimiendo a los defensores de los derechos humanos y a sus organizaciones.
Estudiantes
La policía y otras fuerzas de seguridad detuvieron y golpearon a numerosos activistas estudiantiles. Al menos uno murió como consecuencia de disparos de la policía.
Restricciones a la libertad de prensa
Se siguió ejerciendo una censura férrea contra los periódicos, sobre todo en relación con el conflicto de Darfur. Se ordenó a los medios informativos que no comentaran la Resolución 1593 del Consejo de Seguridad de la ONU. Se suspendieron de forma temporal o permanente varios periódicos por publicar artículos considerados críticos con las autoridades. Se acosó también a periodistas.
Personas desplazadas en Jartum y sus alrededores
El gobierno reubicó por la fuerza a numerosos desplazados internos que vivían en Jartum y sus alrededores. Muchos de ellos habían huido del conflicto y de la pobreza extrema existentes en el sur y en Darfur, y otros procedían de comunidades marginadas de todo Sudán. Las reubicaciones forzosas provocaron en ocasiones violentos enfrentamientos y detenciones en masa. A pesar de las promesas del gobernador del estado de Jartum, quien había asegurado en julio que se consultaría a los donantes y los organismos de la ONU antes de trasladar campos y asentamientos y a grupos de personas, continuaron las reubicaciones forzosas sin advertencia previa.
La región oriental
Las fuerzas de seguridad mataron a civiles durante manifestaciones celebradas en el este de Sudán para protestar por el subdesarrollo y la marginación de la zona.
http://web.amnesty.org/report2006/sdn-summary-esl
Fiscal de Corte Penal Internacional informa sobre caso Darfur
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Ocampo,
indicó hoy que ha recibido cooperación del gobierno de Sudán para investigar si
en la región de Darfur se han cometido crímenes de guerra y lesa humanidad de
julio de 2002 a la fecha. Poco antes de informar al Consejo de Seguridad de
Naciones Unidas, que le encomendó esa tarea en marzo del año pasado, Moreno
Ocampo dijo a Radio Naciones Unidas que ya han conseguido entrevistarse con los
jueces que llevan el caso en el país africano. “Hemos recibido también un
informe del ministro de Defensa y nos han prometido que en agosto vamos a
entrevistar a una serie de altos funcionarios del gobierno para recibir su
versión de los hechos. En el caso de Unión Africana no hemos recibido la
cooperación que esperábamos pero estamos ahora armando una reunión con ellos así
que espero que esto progrese”, recalcó. La investigación de la CPI tiene que ser
imparcial e independiente, y centrarse en los individuos con mayor
responsabilidad por los crímenes cometidos en Darfur.
Los nombres de esos individuos se encuentran en una lista que el secretario
general de la ONU, Kofi Annan, entregó al fiscal en abril de 2005 en sobre
cerrado.
http://www.unic.org.ar/prensa%20comunicados/archivos/cp_2006-14-06-darfur.doc
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© UNICEF Sudan/2005/El Tighani |
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Más personas se integran en el campamento para desplazados internos de Ottash, al sur de Darfur |
DARFUR, junio de 2006 - Unos 3,6 millones de personas han sufrido las consecuencias de la crisis que envuelve a Darfur. Las comunidades de la región siguen necesitadas de servicios sociales básicos debido a la situación de inseguridad y a la falta de fondos. A pesar de que el año pasado había esperanzas con respecto al retorno de unos 1,9 millones de personas desplazadas a sus sitios de origen, la situación actual las ata aún más a los campamentos donde se albergan.
El conflicto ha afectado también a 1,8 millones de niños y niñas, algunos de los cuales han sufrido reiterados desplazamientos debido a la repetición de los ataques. Las consecuencias de la violencia, las enfermedades, la desnutrición y la dependencia están dejando su secuela en esta generación de niños y niñas, ya que debilitan su capacidad y les atrapan en el ciclo de la pobreza.
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© UNICEF Sudan/Noorani |
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Personas desplazadas internamente en el campamento de Kalma en el sur del Dafur. |
UNICEF y otras organizaciones colaboran para proteger a las comunidades afectadas por los efectos devastadores de este persistente conflicto. Sin embargo, los fondos -- que de por sí eran limitados -- se agotan rápidamente. Todos los organismos involucrados en las actividades de ayuda disponen actualmente de menos recursos que en 2005. Sin el respaldo de esas organizaciones, la población desplazada queda expuesta a los rigores de una situación de seguridad que se deteriora velozmente.
Intervenciones programáticas fundamentales
UNICEF y sus aliados prestan ayuda humanitaria en las siguientes esferas fundamentales:
Agua y saneamiento
ambiental
Más de 2,3
millones de personas, o un 70% de los pobladores afectados por el conflicto, han
recibido ayuda para obtener acceso al agua potable.
Salud y nutrición
En un 80% de los
centros sanitarios que reciben apoyo de UNICEF se prestan servicios ampliados de
inmunización.
Educación
Matriculación de más de 380.000 alumnos, de los cuales el 46% fueron niñas
Protección de la infancia
Establecimiento
de espacios acogedores para los niños y niñas y realización de actividades
psicosociales de ayuda a más de 170.000 personas desplazadas y niños afectados
por los conflictos.
Asistencia pública y
albergues
Suministro de
artículos no alimentarios como láminas de plástico, sogas, jabón, tasas, cubos,
bidones, vestimenta sanitaria, mantas para bebés, ollas y cuencos de cocina, y
mosquiteros tratados con insecticida para combatir el paludismo.
Encrucijada financiera
En 2005, UNICEF recibió más de 53 millones de dólares estadounidenses en contribuciones para Darfur. Esa suma cubrió aproximadamente el 43% de los fondos requeridos. Hasta abril de 2006, UNICEF ha recibido 1,85 millones de dólares en contribuciones provenientes de gobiernos donantes, mientras que los comités nacionales pro UNICEF han recaudado unos 966.000 dólares.
Esto significa que UNICEF dispone de poco más de 2,81 millones de dólares en recursos suministrados por los donantes de los 89 millones de dólares necesarios para sus labores en Darfur durante 2006. De manera que en vísperas del segundo trimestre del año, UNICEF sólo cuenta con el 3,1% de los fondos necesarios para financiar los programas en esa región.
De no mediar una inversión
oportuna y de magnitud, sin duda se revertirán todos los avances logrados ante
las consecuencias devastadoras de la crisis humanitaria en
Darfur.
Haga clic aquí (PDF) para obtener una lista detallada por sector de las
necesidades en materia de fondos.
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_darfuroverview.html
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© UNICEF/Page |
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Fatima, una refugiada sudanesa de 9 años, es una de las 110.000 refugiados del Sudán que se benefician del apoyo del UNICEF en una región remota del este de Chad después de huir de los ataques a los poblados del Sudán. |
Acción
Las actividades del UNICEF en Chad para prestar asistencia a los refugiados sudaneses y a las comunidades locales de Chad incluyen: distribución de mantas; campañas de vacunación contra sarampión y administración de vitamina A; reparto de escuelas en una caja; distribución de libros escolares en árabe de la oficina del UNICEF en el Sudán para apoyar las actividades de educación; provisión de materiales básicos escolares; distribución de equipos familiares de agua; distribución de equipos obstétricos; abastecimiento de leche terapéutica; educación sobre la higiene; supervisión de los niños y niñas separados; actividades de saneamiento; y la provisión de materiales recreativos para jugar.
Actualmente esta información sólo está disponible en inglés
| Sector | Título del Proyecto |
| NFIs $45,292,841 |
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Education $19,689,156 |
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| Health $19,012,560 |
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| Nutrition $3,659,040 |
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Child
Protection $3,642,000 |
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| Total needs | USD 135, 556,092 |
Aceptación de donaciones
El UNICEF aprecia las contribuciones realizadas por la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional y el Comité Nacional de Francia en pro del UNICEF. Si desea obtener más información sobre la manera de prestar asistencia mediante financiación, sírvase dirigirse al Representante del UNICEF en Chad, Stephen, Adkisson en: sadkisson@unicef.org.
Para mayor información sobre donaciones para el Darfur, por favor contactar Dermot Carty, Director de operaciones para Sudán del Norte a : dcarty@unicef.org
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_darfuraction.html
Click for a detailed map (PDF)
El mapa en este sitio no refleja ninguna toma de posición por parte del UNICEF con relación a la situación jurídica de ningún país o territorio ni el reconocimiento de ninguna frontera.
El conflicto armado continúa en Darfur, y afecta aproximadamente a 1,8 millones de niños y niñas. Muchos pequeños han presenciado una violencia brutal, cuyas huellas se suman a las que ya han dejado en ellos las enfermedades, la malnutrición y la interrupción de servicios esenciales como el agua y la educación.
Un acuerdo de paz suscrito en enero de 2005 puso fin a décadas de guerra civil en el sur del Sudán, y se constituyó en una oportunidad histórica de remediar la desesperada situación de la niñez. Existe la esperanza de que, con el nuevo mapa político, los derechos de las mujeres y los niños sean considerados prioritarios.
Problemas que aquejan a la niñez del Sudán
Actividades y logros en favor de la infancia
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_background.html
Indicadores Básicos | Nutritión | Salud | VIH/SIDA | Educatión | Indicadores demográficos | Indicadores Económicos | Situación de las Mujeres | Protección Infantil | Ritmo de Progreso
|
Indicadores Básicos |
|
| Ordenación por categoría de la TMM5 |
49 |
| Tasa de mortalidad menores de 5 años, 1990 |
120 |
| Tasa de mortalidad menores de 5 años, 2004 |
91 |
| Tasa de mortalidad infantil (< 1 año), 1990 |
74 |
| Tasa de mortalidad infantil (< 1 año), 2004 |
63 |
| Población total (miles), 2004 |
35523 |
| Nacimientos anuales (miles), 2004 |
1163 |
| Muertes anuales (<5 años) (miles), 2004 |
106 |
| INB per cápita (dólares), 2004 |
530 |
| Esperanza de vida al nacer (años), 2004 |
57 |
| Tasa de alfabetización de adulto, 2000-2004* |
59 |
| Tasa neta de matriculación/asistencia enseñanza primaria (%), 1996-2004* |
53 |
| Distribución familiar del ingreso (%) 1993-2003*, 40% más bajos |
- |
| Distribución familiar del ingreso (%) 1993-2003*, 20% más altos |
- |
|
Nutritión |
|
| Recién nacidos con bajo peso (%) , 1998-2004* |
31 |
| % de niños lactantes (1995-2004*) que reciben:, lactancia exclusiva , (<6 meses) |
16 |
| % de niños lactantes (1995-2004*) que reciben:, lactancia con alimentos complementarios , (6-9 meses) |
47 |
| % de niños lactantes (1995-2004*) que reciben:, lactancia continuada , (20-23 meses) |
40 |
| % de menores de 5 años (1995-2004*) que padecen:, Insuficiencia ponderal, moderada y grave |
17 |
| % de menores de 5 años (1995-2004*) que padecen:, Insuficiencia ponderal, grave |
7 |
| % de menores de 5 años (1995-2004*) que padecen:, Emaciación, moderada y grave |
- |
| % de menores de 5 años (1995-2004*) que padecen:, Cortedad de talla, moderada y grave |
- |
| Tasa de cobertura de suplementos de vitamina A (6-59 meses), 2003 |
34 |
| Hogares que consumen sal yodada (%) , 1998-2004* |
1 |
|
Salud |
|
| % de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable, 2002, total |
69 |
| % de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable, 2002, urbana |
78 |
| % de la población que usa fuentes mejoradas de agua potable, 2002, rural |
64 |
| % de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento, 2002, total |
34 |
| % de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento, 2002, urbana |
50 |
| % de la población que usa instalaciones adecuadas de saneamiento, 2002, rural |
24 |
| % de vacunas regulares del PAI financiadas por el gobierno, 2004, total |
0 |
| Immunization 2004, 1-year-old children immunized against: TB (BCG) |
51 |
| Immunization 2004, 1-year-old children immunized against: DPT (DPT1)† |
79 |
| Immunization 2004, 1-year-old children immunized against: DPT (DPT3)† |
55 |
| Immunization 2004, 1-year-old children immunized against: Polio (polio3) |
55 |
| Immunization 2004, 1-year-old children immunized against: Measles (measles) |
59 |
| Immunization 2004, 1-year-old children immunized against: HepB (hepB3) |
- |
| Immunization 2004, 1-year-old children immunized against: Hib (Hib3) |
- |
| Immunization 2004, percent newborns protected against tetanus |
37 |
| % de menores de 5 años con IAVR, 1998-2004* |
5 |
| % de menores de 5 años con IAVR conducidos a un agente de salud, 1998-2004* |
57 |
| % de menores de 5 años con diarrea que reciben rehidratación oral y alimentación continuada, 1996-2004* |
38 |
| Paludismo: 1999-2004*, % under-fives sleeping under a mosquito net |
23 |
| Paludismo: 1999-2004*, % under-fives sleeping under a treated mosquito net |
0 |
| Paludismo: 1999-2004*, % de menores de 5 años con fiebre que reciben medicinas antipalúdicas |
50 |
|
VIH/SIDA |
|
| Incidencia de VIH, Tasa de incidencia en adultos (15 a 49 años), finales de 2003, estimado |
2.3 |
| Incidencia de VIH, Número estimado de personas que viven con el VIH/SIDA, finales de 2003 (en miles), Adultos y niños (0 a 49 años) |
400 |
| Incidencia de VIH, Número estimado de personas que viven con el VIH/SIDA, finales de 2003 (en miles), bajo estimado |
120 |
| Incidencia de VIH, Número estimado de personas que viven con el VIH/SIDA, finales de 2003 (en miles), alto estimado |
1300 |
| Incidencia de VIH, Número estimado de personas que viven con el VIH/SIDA, finales de 2003 (en miles), Niños (0 a 14 años) |
21 |
| Incidencia de VIH, Número estimado de personas que viven con el VIH/SIDA, finales de 2003 (en miles), mujeres (15-49) años |
220 |
| Incidencia de VIH, Tasa de incidencia del VIH entre mujeres embarazadas jóvenes (15-24 años) en la capital, Año |
- |
| Incidencia de VIH, Tasa de incidencia del VIH entre mujeres embarazadas jóvenes (15-24 años) en la capital, mediana |
- |
| Conocimiento y comportamiento (1998-2004)* (15-24 años), % que sabe que un preservativo puede proteger contra el VIH, hombre |
- |
| Conocimiento y comportamiento (1998-2004)* (15-24 años), % que sabe que un preservativo puede proteger contra el VIH, mujer |
- |
| Conocimiento y comportamiento (1998-2004)* (15-24 años), % que sabe que una persona que parece saludable puede tener el VIH, hombre |
- |
| Conocimiento y comportamiento (1998-2004)* (15-24 años), % que sabe que una persona que parece saludable puede tener el VIH, mujer |
- |
| Conocimiento y comportamiento (1998-2004)* (15-24 años), % que tiene un conocimiento amplio del VIH, hombre |
- |
| Conocimiento y comportamiento (1998-2004)* (15-24 años), % que tiene un conocimiento amplio del VIH, mujer |
- |
| Conocimiento y comportamiento (1998-2004)* (15-24 años), % que usaron un preservativo en su última relación sexual de alto riesgo, hombre |
- |
| Conocimiento y comportamiento (1998-2004)* (15-24 años), % que usaron un preservativo en su última relación sexual de alto riesgo, mujer |
- |
| Huérfano, Niño (0-17 años) Huérfano debido al SIDA (0 a 17 años), 2003, estimado (en miles) |
- |
| Huérfano, Niño (0-17 años) Huérfano debido a todas las causas, 2003, estimado (en miles) |
1300 |
| Huérfano, Tasa de asistencia escolar de los huérfanos, 1998-2004* |
96 |
|
Educatión |
|
| Taux d'alphabétisation des adultes, 2000-2004*, hombre |
69 |
| Taux d'alphabétisation des adultes, 2000-2004*, mujer |
50 |
| Nombres pour 100 personnes , '2002-2003*, teléfonos |
5 |
| Nombres pour 100 personnes , '2002-2003*, usuarios de Internet |
1 |
| Taux de scolarisation dans le primaire (2000-2004*), gross, hombre |
64 |
| Taux de scolarisation dans le primaire (2000-2004*), gross, mujer |
56 |
| Taux de scolarisation dans le primaire (2000-2004*), net, hombre |
50 |
| Taux de scolarisation dans le primaire (2000-2004*), net, mujer |
42 |
| Tasa de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*), net, hombre |
54 |
| Tasa de asistencia a la escuela primaria (1996-2004*), net, mujer |
52 |
| % d'enfants entrés en première année atteignant la cinquième, Admin. Data, 2000-2004* |
84 |
| % d'enfants entrés en première année atteignant la cinquième, Survey data, 1997-2004* |
71 |
| Taux de scolarisation dans le secondaire (2000-2004*), gross, hombre |
38 |
| Taux de scolarisation dans le secondaire (2000-2004*), gross, mujer |
32 |
| Taux de scolarisation dans le secondaire (2000-2004*), net, hombre |
- |
| Taux de scolarisation dans le secondaire (2000-2004*), net, mujer |
- |
| Tasa de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*), net, hombre |
11 |
| Tasa de asistencia a la escuela secundaria (1996-2004*), net, mujer |
12 |
|
Indicadores demográficos |
|
| Población (miles), 2004, under 18 |
16328 |
| Población (miles), 2004, under 5 |
5180 |
| Tasa de crecimiento anual de la población (%), 1970-1990 |
2.9 |
| Tasa de crecimiento anual de la población (%), 1990-2004 |
2.2 |
| Tasa bruta de mortalidad, 1970 |
21 |
| Tasa bruta de mortalidad, 1990 |
14 |
| Tasa bruta de mortalidad, 2004 |
11 |
| Tasa bruta de natalidad, 1970 |
47 |
| Tasa bruta de natalidad, 1990 |
39 |
| Tasa bruta de natalidad, 2004 |
33 |
| Esperanza de vida, 1970 |
44 |
| Esperanza de vida, 1990 |
53 |
| Esperanza de vida, 2004 |
57 |
| Tasa total de fecundidad, 2004 |
4.3 |
| Población urbana (%), 2004 |
40 |
| Tasa anual del crecimiento de la población urbana (%), 1970-1990 |
5.3 |
| Tasa anual del crecimiento de la población urbana (%), 1990-2004 |
5.1 |
|
Indicadores Económicos |
|
| INB per cápita (dólares EEUU), 2004 |
530 |
| Tasa media anual de crecimiento del PNB per cápita (%), 1970-1990 |
0.3 |
| Tasa media anual de crecimiento del PNB per cápita (%), 1990-2004 |
3.3 |
| Tasa media anual de inflación (%), 1990-2004 |
44 |
| % de la población que vive con menos de un dólar diario, 1993-2003* |
- |
| % de gasto del gobierno central asignado a, (1993-2004*), salud |
1 |
| % de gasto del gobierno central asignado a, (1993-2004*), educación |
8 |
| % de gasto del gobierno central asignado a, (1993-2004*), defensa |
28 |
| Flujos de AOD en millones de dólares, 2003 |
621 |
| Flujos de AOD en % INB del país receptor, 2003 |
4 |
| Servicio de la deuda como % de la exportación bienes y servicios, 1990 |
4 |
| Servicio de la deuda como % de la exportación bienes y servicios, 2003 |
0 |
|
Situación de las Mujeres |
|
| Esperanza de vida: mujeres con respecto al % de hombres, 2004 |
105 |
| Tasa de alfabetización femenina: mujeres con respecto al % de hombres, 2000-2004* |
72 |
| Tasas brutas de escolarización: mujeres con respecto al % de hombres, primari |
88 |
| Tasas brutas de escolarización: mujeres con respecto al % de hombres, primari |
84 |
| Tasas brutas de escolarización: mujeres con respecto al % de hombres, secundari |
84 |
| Tasas brutas de escolarización: mujeres con respecto al % de hombres, secundari |
- |
| Prevalencia de anticonceptivos (%), 1996-2004* |
7 |
| Tasa de cobertura de la atención prenatal (%), 1996-2004* |
60 |
| Partos atendidos por personal cualificado (%), 1996-2004* |
87 |
| Tasa de mortalidad derivada de la maternidad† , 1990-2004*, registrada |
550 |
| Tasa de mortalidad derivada de la maternidad† , 2000, adjustada |
590 |
| Tasa de mortalidad derivada de la maternidad† , 2000, Riesgo de mortalidad de la madre en su vida. 1 en: |
30 |
|
Protección Infantil |
|
| Trabajo infantil (5 a 14 años) 1999-2004*, total |
13 |
| Trabajo infantil (5 a 14 años) 1999-2004*, hombre |
14 |
| Trabajo infantil (5 a 14 años) 1999-2004*, mujer |
12 |
| Matrimonio precoz 1986-2004*, total |
27 |
| Matrimonio precoz 1986-2004*, urbana |
19 |
| Matrimonio precoz 1986-2004*, rural |
34 |
| Inscripció del nacimiento1999-2004*, total |
64 |
| Inscripció del nacimiento1999-2004*, urbana |
82 |
| Inscripció del nacimiento1999-2004*, rural |
46 |
| Mutilación-excisión genital de la mujer 1998-2004*, mujera (15-49 años) , total |
90 |
| Mutilación-excisión genital de la mujer 1998-2004*, mujera (15-49 años) , urbana |
92 |
| Mutilación-excisión genital de la mujer 1998-2004*, mujera (15-49 años) , rural |
88 |
| Mutilación-excisión genital de la mujer 1998-2004*, hijas, total |
58 |
|
Ritmo de Progreso |
|
| Ordenación por categoría de la TMM5 |
49 |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1970 |
172 |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 1990 |
120 |
| Tasa de mortalidad de menores de 5 años, 2004 |
91 |
| Tasa media anual de reducción (%), 1970-1990 |
1.8 |
| Tasa media anual de reducción (%), 1990-2004 |
2 |
| Reducción desde 1990 (%) |
24 |
| Tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita (%), 1970-1990 |
0.3 |
| Tasa media anual de crecimiento del PIB per cápita (%), 1990-2004 |
3.3 |
| Tasa global de fecundidad, 1970 |
6.7 |
| Tasa global de fecundidad, 1990 |
5.6 |
| Tasa global de fecundidad, 2004 |
4.3 |
| Tasa media anual de reducción (%), 1970-1990 |
0.9 |
| Tasa media anual de reducción (%), 1990-2004 |
1.9 |
http://www.unicef.org/spanish/infobycountry/sudan_statistics.html#12
7 de junio de 2004
Aspectos sanitarios de la crisis humanitaria en la Región de Gran Darfur (Sudán)
El conflicto interno ha causado una crisis humanitaria de grandes proporciones en la Región de Gran Darfur (Sudán). Distribuidos por más de 124 lugares diferentes hay más de un millón de desplazados internos que necesitan asistencia. Las comunidades que los han acogido también están sufriendo. Las Naciones Unidas calculan que el número de afectados puede llegar a los dos millones.
Debido a la mala red viaria y a la inseguridad existente a lo largo de las vías de comunicación, no todas las comunidades de desplazados internos son accesibles. El acceso ha mejorado en las últimas semanas, pero los análisis de las condiciones existentes en diferentes campos de desplazados internos son sombríos, y todos señalan una grave falta de alimentos, agua, asistencia sanitaria y alojamiento. A medida que crecen esos campos, aumenta la presión sobre el sistema de salud, ya deficiente, incluso en el nivel primario. La atención sanitaria secundaria y terciaria es prácticamente inexistente fuera de las capitales de los estados.
La falta de atención primaria de salud afecta sobre todo a los grupos más vulnerables: los niños de menos de cinco años y los separados de sus familias, las embarazadas y las mujeres lactantes, y los ancianos. Estos grupos constituyen la mayoría de los desplazados internos.
Como hay pocos hospitales funcionando, muchas personas carecen de acceso a la atención de salud y no pueden obtener tratamiento para enfermedades como el paludismo, el sarampión, la neumonía o el cólera. La inexistencia de atención a la salud reproductiva también es muy preocupante, y contribuye a aumentar la mortalidad maternoinfantil. Es imprescindible que se tomen medidas urgentes para hacer frente a las necesidades físicas y psicológicas de las mujeres, muchas de las cuales, al parecer, han sido violadas.
Uno de los principales problemas de salud es la inexistencia de saneamiento y de agua potable en los campos de desplazados internos. Las evaluaciones realizadas por expertos del Centro Regional OMS para Actividades de Higiene del Medio (Ammán) revelan que la mayoría de las fuentes de agua no están suficientemente cloradas, que los recipientes domésticos están contaminados, que las letrinas son insuficientes y que las condiciones del medio no son en absoluto satisfactorias. Se calcula que en la actualidad sólo se dispone de un 12% del agua potable necesaria. Estas malas condiciones han producido un aumento de la mortalidad, cuyas tasas entre los menores de cinco años han llegado en algunos casos al 6,8 por 10 000. Las principales causas de muerte son las infecciones respiratorias agudas, la diarrea y la malnutrición.
La situación está empeorando aún más a medida que avanza la estación lluviosa. El acceso a algunos campos quedará bloqueado y aumentará la posibilidad de que se produzcan brotes de paludismo y cólera. Para poder hacer frente aunque sólo sea a las necesidades más básicas, es imprescindible que se produzca un importante aumento de los recursos humanos y de los suministros médicos, de alimentos, de alojamientos y de fondos. Con respecto a la salud, las prioridades más urgentes son el fortalecimiento de la prestación de atención primaria de salud, la creación o rehabilitación de servicios de salud en zonas remotas y el suministro de materiales y equipos médicos, necesarios para hacer frente a las lesiones causadas por el conflicto y a las urgencias obstétricas, y para garantizar transfusiones de sangre seguras.
Junto con otras organizaciones asociadas que realizan labores en pro de la salud, la OMS está trabajando para ampliar las intervenciones y la presencia en la Región de Gran Darfur. Además de distribuir personal, equipos y suministros médicos, en los últimos meses la OMS ha estado trabajando infatigablemente en:
- La vigilancia de las enfermedades y la respuesta ante los brotes, a través de un sistema de alerta temprana (EWARN).
- Una campaña de vacunación contra el sarampión. El Ministerio de Salud, el UNICEF, la OMS y otros asociados han lanzado una campaña de vacunación contra el sarampión que empezará a mediados de junio de 2004 y estará dirigida a 2,15 millones de niños de la Región de Gran Darfur.
- Higiene del medio. La OMS presta apoyo a 172 personas que trabajan en el campo de la higiene del medio con el fin de asegurar el control de los vectores, la evacuación de desechos y la promoción de la salud en cuatro lugares con un total de 310 000 personas.
- Coordinación del sector de la salud. A petición del Gobierno del Sudán, la OMS está colaborando en la supervisión de la ayuda internacional destinada a la salud pública en Darfur, y coordinando el componente sanitario de un plan de contingencia de las Naciones Unidas para la región de Darfur durante los seis meses de la estación lluviosa.
- Normas y directrices. La OMS está desempeñando un papel cada vez mayor proporcionando normas y directrices a otras organizaciones asociadas que trabajan en la Región de Gran Darfur en temas como paludismo, el cólera y la vigilancia epidemiológica.
OTROS ENLACES
La región de Gran Darfur, situada al oeste del Sudán, tiene una superficie de aproximadamente 510 000 km2 (el tamaño de Francia). Los habitantes de esa región inhóspita, consistente principalmente en tierras áridas, se dedican a la agricultura de subsistencia y al pastoreo nómada. De los 6,7 millones de habitantes de la región, cerca de la mitad tienen edades comprendidas entre los 6 y los 24 años. Pobre y subdesarrollada en comparación con el resto del Sudán, la región de Gran Darfur ha estado subatendida en lo que se refiere a servicios de salud y, según los datos disponibles, desde 1990 que no se hacen inversiones en la atención de salud. La mortalidad infantil es de aproximadamente 120 por 1000.
Mapa del Sudán [pdf 198 kb]
Perfil nacional del Sudán
Acción Sanitaria en las Crisis - en inglés
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http://www.who.int/features/2004/darfur/es/print.html
Índice AI: AFR 54/025/2006
25 de mayo de 2006
Excelencia:
El 28 de abril de 2006, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó la
resolución 1674 sobre la protección de los civiles en los conflictos armados.
Dicha resolución reafirma la responsabilidad internacional de proteger a las
poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y
los crímenes contra la humanidad. Para la población civil de todo el mundo, la
resolución 1674 tiene el potencial necesario para ser una de las medidas más
significativas adoptadas en décadas por el Consejo de Seguridad con el fin de
brindarle protección, pero sólo si la retórica se transforma en acción.
Una prueba clave del compromiso del Consejo de Seguridad para con el concepto de
"responsabilidad de proteger" es evidentemente
Darfur, en el oeste de Sudán. La población civil de
Darfur ha sufrido tres años de conflicto
armado, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, principalmente a manos
de fuerzas del gobierno sudanés y de las milicias yanyawid. El gobierno de Sudán
ha mostrado repetidamente su falta de voluntad de tomar ni siquiera las medidas
más mínimas para proteger a la población civil sudanesa de
Darfur.
El acuerdo de paz de Darfur firmado en
Abuja, Nigeria, el 5 de mayo podría contribuir a revertir la terrible
situación del oeste de Sudán, pero sólo
si las disposiciones de dicho acuerdo relativas a la protección se aplican de
forma inmediata y en su totalidad. El garantizar que el acuerdo es un hito hacia
el progreso, en lugar de un indicador del constante declive de
Darfur, no es sólo responsabilidad de las
partes en conflicto, sino también de los Estados miembros del Consejo de
Seguridad y, de hecho, de la comunidad internacional en general.
La transición de la ONU
La necesidad más urgente de Darfur es que
se despliegue sin demora una fuerza internacional significativamente más
potente. Esto es fundamental para disuadir de nuevos ataques y proteger a la
población civil, que sigue bajo la amenaza masiva de los grupos armados
respaldados por el gobierno sudanés y de los grupos armados de oposición que
actúan en Darfur. Por ejemplo, tres días
después de la firma del acuerdo de paz, el 8 de mayo, decenas de civiles de
Labado, en Darfur Meridional, fueron
atacados por milicias armadas respaldadas, según se cree, por el gobierno
sudanés. Es probable que estos ataques continúen a menos que se despliegue sin
demora una fuerza internacional mayor, con más movilidad y más vigorosa. Con
cada ataque, los partidarios de la paz se ven debilitados, y las probabilidades
de una estabilidad real disminuyen.
Además de tropas y material suficiente, el mandato de la fuerza de la ONU será
fundamental. El Consejo de Seguridad debe exigir que las tropas protejan a la
población civil con todos los medios necesarios, de acuerdo con el capítulo VII
de la Carta de las Naciones Unidas y de plena conformidad con el derecho
internacional humanitario y de derechos humanos. Sin un mandato amplio y sólido,
que incorpore las reglas de combate, las tropas de la ONU no podrán proteger a
la población, como sucedió con la fuerza de la Unión Africana y con fuerzas
anteriores de la ONU en otros conflictos.
Una fuerza internacional más potente es esencial para ganarse la confianza de
las partes en conflicto y para vigilar y garantizar el cumplimiento de cualquier
acuerdo de paz. Dado el historial de rupturas de acuerdos y compromisos del
gobierno sudanés, una presencia internacional será fundamental para garantizar
que el gobierno cumple las promesas formuladas en el acuerdo de paz. Cuanto más
se tarde en desplegar fuerzas internacionales adicionales en
Darfur, más probabilidades habrá de que
los ataques continúen y de que los movimientos rebeldes se dividan aún más,
haciendo todavía más difícil la aplicación del acuerdo de paz.
Una fuerza internacional más grande, más vigorosa y con más movilidad es también
esencial para restablecer la seguridad en las zonas rurales y ayudar al regreso
de las personas desplazadas, de las que más de dos millones han sido víctimas de
una limpieza étnica desde 2003 hasta la actualidad y ahora viven en campos en
Darfur y el vecino Chad. Estos dos
millones de personas, junto con otro millón y medio más de habitantes de
Darfur afectados por el conflicto,
dependen total o parcialmente de la ayuda humanitaria para recibir alimento,
refugio y medicinas. La creciente inseguridad está impidiendo a centenares de
miles de personas el acceso a la ayuda humanitaria.
El fortalecimiento de la presencia internacional sobre el terreno requerirá que
se asignen muchos más recursos a la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS)
a corto plazo, y también a la ONU a medio y largo plazo. La Unión Africana entró
en Darfur cuando ningún otro país o
institución quería hacerlo, y ha tenido un cierto éxito en las zonas en las que
se ha desplegado. Sin embargo, aunque la Unión Africana ha ido aumentando
paulatinamente sus fuerzas durante los últimos dos años, su despliegue y su
capacidad han quedado sistemáticamente por debajo de lo que se necesitaba para
proteger a la población civil y disuadir de los ataques contra ella. En los
últimos nueve meses se ha producido un fuerte deterioro de la seguridad, no sólo
de la población civil sudanesa sino también de los trabajadores de ayuda
humanitaria. Actualmente, la capacidad de la Unión Africana para disuadir de los
ataques no basta para hacer frente al creciente desafío de
Darfur, y el acuerdo de paz de
Darfur asigna todavía más tareas a las
fuerzas, ya escasas de recursos, de la AMIS.
La Unión Africana reconoce estas limitaciones y, el 15 de mayo, el Consejo de
Paz y Seguridad de la Unión Africana reiteró su intención de transferir la
responsabilidad a la ONU el 1 de octubre de 2006 (plazo en que habrá expirado el
mandato de la AMIS) o antes de esa fecha. El presidente de la Comisión de la
Unión Africana, Alpha Oumar Konare, ha pedido que se despliegue una fuerza de la
ONU lo antes posible y que el gobierno sudanés permita a los planificadores de
las Naciones Unidas la entrada en Sudán. Es fundamental que la ONU y sus Estados
miembros estén preparados para asumir este desafío y proporcionar la presión
política, los recursos y otras medidas de apoyo que hagan falta para que la ONU
entre rápidamente en Darfur y lleve a cabo
las esenciales tareas de protección y vigilancia que se requieren.
Instamos a los Estados miembros del Consejo de Seguridad a:
·
garantizar que toda resolución del Consejo de Seguridad que autorice una
fuerza de la ONU para Darfur pide que las
fuerzas de la ONU utilicen todos los medios necesarios para proteger a la
población civil, de acuerdo con el capítulo VII de la Carta de las Naciones
Unidas y de plena conformidad con el derecho internacional humanitario y de
derechos humanos;
·
tomar todas las medidas necesarias –incluidas garantizar la plena
aplicación del embargo de armas, poner en marcha nuevas sanciones a las
autoridades gubernamentales sudanesas, comprometer y proporcionar recursos a la
ONU y aprobar las resoluciones necesarias– para asegurar el despliegue de una
fuerza de la ONU en Darfur el 1 de octubre
de 2006 o antes de esa fecha (tras expirar el mandato de la Misión de la Unión
Africana en Darfur, el 30 de septiembre de
2006);
·
respaldar los esfuerzos de la Unión Africana en
Darfur para alcanzar la plena capacidad
operativa e interpretar enérgicamente su mandato de proteger a la población
civil hasta la transición;
·
pedir a los Estados miembros que proporcionen inmediatamente fondos, apoyo
técnico y personal a la AMIS y, después, a la misión de la ONU en
Darfur.
Obstrucción del gobierno sudanés: sanciones adicionales
La resolución 1674 exige también que "todos los Estados apliquen plenamente
todas las decisiones pertinentes del Consejo de Seguridad y [...] cooperen
plenamente con las misiones de mantenimiento de la paz y los equipos de las
Naciones Unidas". Tres años de crímenes internacionales por parte del gobierno
sudanés y las milicias yanyawid, de repetidas rupturas de las promesas y los
compromisos, de espantosas manipulaciones étnicas y de flagrantes desafíos a las
demandas del Consejo de Seguridad han situado a
Darfur –y a la región en general– en el umbral de lo que el secretario
general adjunto de la ONU, Jan Egeland, ha llamado "el abismo". Aunque se puede
atribuir gran parte de la culpa a todos los bandos, el gobierno sudanés sigue
siendo en gran medida responsable de la catástrofe que ha asolado
Darfur y que ahora amenaza a Chad.
Según la información más reciente aparecida en los medios de comunicación y a la
que hemos tenido acceso, el gobierno sudanés sigue rechazando el despliegue de
la ONU en Darfur a pesar de sus anteriores
promesas de permitir una fuerza de las Naciones Unidas tras un acuerdo de paz.
El gobierno de Sudán también niega la entrada a
Darfur a una misión de planificación de la ONU, desafiando la exigencia
formulada por el Consejo de Seguridad en la resolución 1679 respecto a que debía
permitirse a esa misión la entrada en Sudán antes del 23 de mayo. Es de esperar
que el Sr. Lakhdar Brahimi ayude a conseguir que el gobierno sudanés dé su
consentimiento a la transición a la ONU, pero si su visita no da lugar a un
cambio de política inmediato por parte de Jartum, el Consejo de Seguridad debe
estar dispuesto a tomar medidas adicionales para persuadir al gobierno sudanés
de que cumpla la demanda.
La firma del acuerdo de paz de Darfur no
se traducirá de ninguna manera en una mejora de la seguridad para la población
civil a menos que la comunidad internacional mantenga una presión mayor y
constante sobre el gobierno sudanés y los grupos rebeldes para que cumplan con
sus obligaciones. Los miembros del Consejo de Seguridad deben obtener de
inmediato el consentimiento del gobierno sudanés a una fuerza de la ONU o, si no
lo obtienen, imponer sanciones adicionales a las autoridades sudanesas de alto
nivel.
Instamos al Consejo de Seguridad a:
·
aplicar sanciones específicas a las autoridades gubernamentales sudanesas
si obstruyen el despliegue de la fuerza de la ONU y contribuyen de alguna otra
manera a los abusos contra la población civil.
El viaje del Consejo de Seguridad a África oriental
Aplaudimos la iniciativa del Consejo de Seguridad de la ONU de visitar Sudán y
la región en junio. No obstante, para que la visita tenga un impacto real en la
deteriorada situación, los miembros del
Consejo de Seguridad deben convertir la protección de la población civil en su
principal prioridad a la hora de cumplir con su responsabilidad internacional de
proteger. Como muy bien saben los miembros del Consejo de Seguridad, el desarme
y la desmovilización de las milicias siguen siendo fundamentales para la
seguridad de los civiles y para cualquier posible regreso de las personas
desplazadas a sus hogares en Darfur.
Además de los muchos otros objetivos propuestos para la visita del Consejo de
Seguridad a la región en junio, instamos al Consejo a incluir explícitamente en
el mandato de su visita la evaluación de los progresos realizados por el
gobierno sudanés en el desarme de las milicias. El establecer esta cuestión como
objetivo específico no sólo será un seguimiento lógico de las demandas
formuladas por el Consejo de Seguridad en las resoluciones 1556 y 1564 y de los
compromisos alcanzados en otros acuerdos, sino que ejercerá una presión
adicional sobre el gobierno sudanés para que ponga en práctica activamente sus
compromisos más recientes relativos a la protección, los que aparecen plasmados
en el acuerdo de paz de Abuja.
Instamos al Consejo de Seguridad a:
·
incluir en el mandato propuesto para la visita de junio del Consejo de
Seguridad a la región, como prioridad clave, las necesidades de protección de la
población civil.
A lo largo de los tres últimos años, la comunidad internacional ha fallado
repetidamente al pueblo de Darfur. Como
expuso en la resolución 1674, el Consejo de Seguridad debe actuar de inmediato
para cumplir con su responsabilidad de proteger a la población civil sudanesa de
Darfur. Es imperativo que el Consejo de
Seguridad y la comunidad internacional actúen ya, no dentro de tres o seis
meses, cuando las oportunidades brindadas por el acuerdo de paz de
Darfur puedan haberse perdido a causa de
la falta de confianza y las rupturas del acuerdo, y cuando la crisis de
Darfur se haya propagado aún más y haya
contribuido a que se cometan más abusos graves contra los derechos humanos y a
que haya una mayor inestabilidad en la región.
Atentamente,
Gareth Evans
International Crisis Group
Kenneth Roth
Human Rights Watch
Irene Khan
Amnistía Internacional
http://www.amnestyusa.org/spanish/countries/sudan/document.do?id=ESLAFR540252006
Ref.
UN/NYt/006/95
Índice AI: AFR 54/024/2005
21 de febrero de 2005
Carta abierta a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas:
La situación en Sudán
Señor Embajador / Señora Embajadora:
Mientras el Consejo de Seguridad delibera sobre el informe del secretario general sobre Sudán (S/2005/57), me dirijo a Usted para presentarle las recomendaciones de Amnistía Internacional sobre el despliegue de una operación de las Naciones Unidas de apoyo a la paz en Sudán, según se propone en el informe del secretario general. Nuestro breve memorándum (AFR 54/025/2005) adjunto expone unas recomendaciones específicas acerca del componente de derechos humanos de la nueva misión, la protección de mujeres y niños, la impunidad, la protección de los civiles, refugiados y desplazados internos, así como el control y la recogida de armas.
También está pendiente ante el Consejo de Seguridad el informe de la comisión internacional de investigación sobre Darfur, que concluyó que se han cometido crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en Darfur. El secretario general ha calificado este informe de "uno de los documentos más importantes en la historia reciente de las Naciones Unidas".
Amnistía Internacional ha documentado numerosos crímenes definidos por el derecho internacional, cometidos a gran escala contra la población civil por todas las partes involucradas en el conflicto en el sur del país, en las zonas fronterizas de Abyei, las montañas Nuba y Darfur, y también en otras regiones bajo el control del gobierno sudanés situadas fuera de estas zonas de conflicto. Por ello, nuestra organización opina que la misión propuesta de las Naciones Unidas en Sudán, UNMISUD, que se desplegará conforme al Acuerdo General de Paz, deberá disponer, tal como se indica en nuestro informe, de un componente fuerte y dotado de recursos suficientes, que se encargue de la supervisión, protección y promoción de los derechos humanos y que aborde todos los derechos humanos, así como el establecimiento de las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley.
El componente de derechos humanos debe ser capaz de garantizar que los derechos humanos se integran de forma eficaz en la totalidad del trabajo de la misión, debe recibir pleno respaldo político y dotarse de los recursos adecuados. Debe poder documentar la situación de los derechos humanos en todas las regiones del país y presentar informes públicos sobre la misma. Por este motivo Amnistía Internacional acoge con satisfacción el énfasis que se ha dado a los derechos humanos, el Estado de derecho y la protección de los civiles en el informe del secretario general.
Desafortunadamente, el primer borrador de resolución presentado por Estados Unidos sobre la creación de una nueva misión unificada en Sudán no respalda el firme mandato de derechos humanos mencionado anteriormente. De hecho, las disposiciones relativas a los derechos humanos son exiguas. El texto propuesto prevé que el mandato del componente civil de la misión, integrado por funcionarios encargados de las instituciones judiciales, los derechos humanos y el ámbito jurídico, no abarcaría nada más que la coordinación de las actividades de los diferentes organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas. El borrador no establece ningún mandato para la misión en materia de protección de los derechos humanos o promoción de la justicia y el Estado de derecho, sino únicamente "promover la comprensión [de éstos]". También es motivo de honda preocupación que en el borrador de resolución prácticamente no se preste ninguna atención a los abusos basados en el género cometidos en Sudán, a pesar de que hayan tenido lugar violaciones masivas y de que estos abusos se hayan documentado de forma exhaustiva y fidedigna.
Así pues, Amnistía Internacional insta al Consejo de Seguridad a que apruebe una resolución que contenga firmes disposiciones en materia de derechos humanos y a que la parte operativa de la resolución condene la violación sistemática de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario perpetrada en Sudán. La resolución debe potenciar un fuerte componente de derechos humanos que permita contribuir eficazmente a la promoción y protección de los derechos humanos en Sudán y a la investigación de las violaciones de derechos humanos a fin de acabar con la impunidad y desempeñar plenamente su papel en el desarrollo de la capacidad de las instituciones locales. Esto permitirá a los sudaneses vivir en un Estado que promueva y proteja eficazmente el Estado de derecho y los derechos humanos, incluidos los derechos de los más vulnerables.
Nuestra organización acoge con satisfacción la atención que se presta en el borrador presentado por Estados Unidos a la prevención de la explotación y el abuso sexuales por los funcionarios encargados del mantenimiento de la paz. No obstante, el Consejo de Seguridad debe aprobar una resolución que condene la violación y otras formas de violencia sexual cometidas por las fuerzas gubernamentales y las milicias de manera generalizada y sistemática, y que pueden constituir un crimen de lesa humanidad, según ha concluido también la comisión de investigación sobre Darfur. El Consejo debería solicitar a la UNMISUD que tome medidas para abordar esta cuestión y que garantice que la perspectiva de género y la protección de la infancia ocupen un lugar de primordial importancia y se integren plenamente en todos los aspectos de la misión.
Numerosos informes de Amnistía Internacional han documentado los crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados a gran escala en Darfur, así como en el sur del país y en las zonas fronterizas. Estos crímenes han quedado totalmente impunes. La comisión de investigación sobre Darfur llegó a la misma conclusión. El borrador de resolución insta a que los autores "sean llevados ante la justicia por medios internacionalmente reconocidos". La comisión de investigación ha realizado un análisis detallado de todas las opciones y ha concluido que el sistema judicial sudanés carece de capacidad y voluntad para abordar la situación en Darfur, que al parecer no existe ninguna voluntad política para establecer un tribunal penal internacional especial, y que sería muy costoso y contraproducente añadir la situación de Sudán al mandato bien del Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, bien del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Asimismo, la comisión ha concluido que los tribunales mixtos no serían necesariamente aceptables para el gobierno, que no harían justicia con prontitud ni atraerían los fondos necesarios. La comisión ha llegado a la conclusión de que "la Corte Penal Internacional (CPI), el único mecanismo penal verdaderamente internacional, es el mejor medio para que se haga justicia con respecto a los crímenes cometidos en Darfur".
Amnistía Internacional está de acuerdo con esta conclusión e insta al Consejo a que en su próxima resolución remita la situación de Darfur al fiscal de la Corte Penal Internacional y a que establezca una comisión de indemnización que colabore con la comisión de indemnización ya creada por el gobierno sudanés para proporcionar reparación a las víctimas. El propio interés político de algunos miembros del Consejo de Seguridad no debe prevalecer sobre la necesidad primordial del pueblo sudanés de gozar de justicia y resarcimiento. El pueblo sudanés ha sufrido demasiado y durante demasiado tiempo.
Esperamos que considere atentamente estos puntos de
vista en relación con la creación de una nueva y muy importante misión de las
Naciones Unidas en Sudán.
Atentamente,
Yvonne Terlingen
Representante de Amnistía Internacional ante las Naciones Unidas
y directora de la Oficina de AI ante las Naciones Unidas********
http://www.amnestyusa.org/spanish/countries/sudan/document.do?id=A8E9D6436DB96BE2C1256FBA00420137
Índice AI: AFR 54/154/2004
SUDÁN
Los Tribunales Penales Especializados de
Darfur
"Con los tribunales especializados existe siempre el temor de que se dicte
un fallo injusto", afirma un abogado de
Darfur expresando su temor sobre la
administración de justicia.
Los Tribunales Especiales instituidos por decreto en virtud del estado de excepción impuesto en 2001 en Darfur se convirtieron en "Tribunales Penales Especializados" en los tres estados de Darfur en marzo de 2003, tras otro decreto promulgado por el presidente del Tribunal Supremo de Jartum. La jurisdicción sobre delitos como el robo a mano armada y la haraba (bandidaje), la posesión ilegal de armas de fuego, los delitos incluidos en los artículos 50-57 del Código Penal (delitos contra el Estado), los delitos contra el orden público y cualquier otro acto considerado delito por el gobernador del Estado o el presidente de la Judicatura (Artículo 4) fue transferida a estos nuevos tribunales.
Las autoridades sudanesas defienden los Tribunales Penales Especializados como un notable avance del derecho a la defensa; concretamente, éstos están ahora encabezados sólo por un juez civil, comparados con los Tribunales Especiales, que estaban también presididos por miembros de las fuerzas de seguridad. Según el ministro de Justicia, los Tribunales Penales Especializados están formalmente bajo la responsabilidad del poder judicial y se han creado porque se ha considerado "oportuno". Sin embargo, los abogados de Darfur advierten muy poca diferencia entre los Tribunales Especiales y los Tribunales Penales Especializados. Muchas de las deficiencias persisten.
Uso de las confesiones extraídas mediante torturas
El decreto de 2003 que institucionaliza esos tribunales sigue sin garantizar que las confesiones extraídas mediante torturas no se usarán como pruebas contra el acusado, incluso si este se retracta posteriormente. Por ejemplo, Ibrahim Yaqub Bakur, miembro de la comunidad zaghawa, fue detenido en enero de 2004 acusado de bandidaje un día en que se habían saqueado dos camiones cerca de Al Fasher. Según informes, las fuerzas de seguridad lo torturaron y lo golpearon con las culatas de las armas y con palos. Confesó el saqueo durante la tortura. No compareció ante el juez hasta el 27 de junio, cuando, según informes, dijo que había confesado bajo coacción y se retractó. Al parecer, el juez se negó a desestimar la confesión.
No existe representación letrada adecuada
Otra de las deficiencias del nuevo decreto se refiere a la representación letrada. No invalida el artículo 5 (g) del decreto por el que se crearon los Tribunales Especiales, en el que se especificaba que los abogados defensores no podían representar al acusado y que sólo los "amigos" de este podían comparecer ante el tribunal para ayudarlo. Aunque los abogados de los estados de Darfur septentrional y meridional afirman que, en la práctica, los jueces de los tribunales penales especializados les permiten representar plenamente a sus clientes, esta posibilidad se sigue dejando al arbitrio del juez. Por ejemplo, el 28 de enero o alrededor de esa fecha, Al-Tayeb Ali Ahmad fue condenado a muerte por un Tribunal Especial de Al Fasher en un juicio injusto en el que no tuvo representación letrada. Fue acusado de oponerse al gobierno por medio de la violencia y de ser miembro de grupos terroristas y criminales. Presentó una apelación contra la sentencia.
La pena de muerte y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes
Los Tribunales Penales Especializados siguen condenando a tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes y a la pena de muerte, con derechos de apelación limitados. Se puede apelar contra las condenas de más de cinco años de prisión en un plazo de siete días ante el Tribunal de Apelaciones de Darfur, cuyas sentencias son definitivas en los casos de amputación o de pena de muerte. Se puede apelar contra este tipo de condenas ante el Tribunal Supremo de Jartum y ante el Tribunal Constitucional, que en algunas ocasiones ha revocado sentencias por falta de pruebas.
Al parecer, centenares de personas han sido condenadas por estos tribunales en Darfur, en la mayoría de los casos por robo a mano armada y posesión ilegal de armas. Muchos han sido condenados por delitos que no iban acompañados de ninguna muerte. Entre junio y agosto de 2004, al menos cinco personas fueron condenadas a muerte en Darfur septentrional. El 12 de junio de 2004, Abdallah Mohamed al-Taher fue condenado a muerte. Presentó una apelación. El 27 de agosto de 2004, Mohamed Adam Khamis, de 35 años de edad y etnia zaghawa, fue, según informes, condenado a muerte por cargos de robo a mano armada y posesión ilegal de un arma. Presentó una apelación que está aún pendiente de resolución.
Los menores también corren el riesgo de ser condenados a muerte. Por ejemplo, Al-Sadiq Bakhit al-Bagir, de 17 años, y Faruk Ali Yaqub, de 16, se encontraban entre las siete personas desplazadas que fueron detenidas en el campo de Kalma. Están acusadas del asesinato el 12 de agosto de 2004 de Abdel Rahman Ahmad Madibo, voluntario en un taller organizado por una ONG internacional. Todos niegan las acusaciones y al menos uno, Faruk Ali Yaqub, afirma que fue golpeado por un agente de policía. Fueron juzgados por el Tribunal Penal Especializado de Nyala. Si son declarados culpables, pueden ser condenados a muerte.
Uso de los Tribunales Especializados para juzgar a supuestos miembros de grupos armados de oposición
Las autoridades sudanesas también utilizan los Tribunales Especializados para juzgar a ciudadanos corrientes a los que consideran sospechosos de pertenecer a grupos rebeldes o apoyarlos. En Darfur hay dos grupos de oposición –el Ejército de Liberación de Sudán y el Movimiento Justicia e Igualdad. Amnistía Internacional siente preocupación por el hecho de que los Tribunales Penales Especializados, que aceptan como pruebas confesiones extraídas mediante torturas, puedan ser utilizados por las autoridades sudanesas para dictar sentencias de muerte u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra esa clase de detenidos. Las autoridades sudanesas frecuentemente detienen y torturan a civiles para hacerlos confesar que pertenecen a los grupos rebeldes.
Trece personas de Kassar, poblado situado a unos 20 km al sur de Nyala, fueron detenidas el 3 de octubre por las fuerzas de seguridad nacionales bajo sospecha de apoyar al Ejército de Liberación de Sudán. Fueron trasladadas a la comisaría de policía de Nyala el 4 de octubre. Aunque por el momento no se han presentado cargos judiciales en su contra, Hamadain Abaker y Abdel Rahman Adam Abdelrahman (ambos dirigentes comunitarios), Issa Abdallah, Mohamed Issa, Ishaq Sadiq Suleiman, Mohamed Idris, Adam Adam Abdel Nabi, Abdel Jebar Bashar, Adam Ahmad Hussain, Adam Adam Mahmud, Diraije Adam Idriss, Ibrahim Abdallah Ahmad e Issa Abdelrahman Shogar serán juzgados por el Tribunal Especializado de Nyala. Se teme que puedan haber sido torturados bajo custodia. Según informes, han sido puestos en libertad bajo fianza a la espera de juicio.
ESCRIBAN AL GOBIERNO DE SUDÁN PIDIÉNDOLE QUE:
- Enmiende los decretos promulgados en 2003 por el presidente del Tribunal Supremo de Jartum, mediante el cual los Tribunales Especiales se convirtieron en Tribunales Penales Especializados en Darfur, con el fin de garantizar que operan según las normas judiciales internacionalmente reconocidas y expuestas en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en el que se afirma lo siguiente:
1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial.
2. Toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Toda persona debe ser informada sin demora, en un idioma que comprenda y en forma detallada, de la naturaleza y causas de la acusación formulada contra ella; a disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección; a ser juzgada sin dilaciones indebidas; a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho que le asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para pagarlo; a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; a ser asistida gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla el idioma empleado en el tribunal; a no ser obligada a declarar contra sí misma ni a confesarse culpable.
4. En el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su readaptación social.
5. Toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando se haya producido un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido.
7. Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme.
- Garantice que cualquier castigo impuesto por cualquier tribunal en Sudán no constituye tortura o trato cruel, inhumano o degradante.
¡ACTÚE YA!
►Envíen
sus llamamientos a:
Vicepresidente Primero
Mr Ali Osman Mohamed Taha
First Vice-President
People's Palace
PO Box 281, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 183 771025/779977
Tratamiento: Dear Vicepresidente/Sr Vicepresidente
Ministro de Justicia
Mr Ali Mohamed Osman Yassin
Minister of Justice and Attorney General
Ministry of Justice, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 183 770883
Tratamiento: Dear Minister/Sr Ministro
Ministro de Asuntos Exteriores
Mr Mustafa Osman Ismail
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
PO Box 873
Khartoum, Sudán
Fax : + 249 183 779383
Tratamiento: Dear Minister/Sr Ministro
Consejo Asesor de Derechos Humanos
Dr Abdel Moneim Taha
Advisory Council for Human Rights
PO Box 302, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 183 779173/770883
Tratamiento: Dear Sir/Sr Abdel Moneim Taha
Presidente del Tribunal Supremo
Chief Justice
Supreme Court
Khartoum, Sudan
Telegram: Chief Justice, Khartoum, Sudán
Fax: + 249 183 774 063
Tratamiento: Dear Sir/Sr Presidente del Tribunal
Supremo
http://www.amnestyusa.org/spanish/countries/sudan/document.do?id=637EAC88CD978012C1256F8C00353AE0
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http://www.acnur.org/crisis/sudan/index.htm
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http://www.acnur.org/crisis/sudan/galeria.htm
Hoy es: Jueves, 17 Agosto 2006
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Noticias de los periódicos del mundo |
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La
situación de los derechos humanos en la región sudanesa de Darfur no sólo no
ha progresado sino que en algunas áreas se ha producido un deterioro desde
la firma del Acuerdo de Paz. Publicación: Radio Naciones Unidas Fecha: 9 Agosto 2006 <<© Naciones Unidas>>
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Hoy es: Jueves, 17 Agosto 2006
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Notas breves |
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La siguiente información es un resumen de las declaraciones del vocero del ACNUR Ron Redmond, durante la rueda de prensa del día 21 de julio de 2006, en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.
El
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados está seriamente
preocupado por el continuo deterioro de la seguridad en la región de Darfur.
Fecha: 21 Julio 2006
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Hoy es: Jueves, 17 Agosto 2006
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Noticias de los periódicos del mundo |
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MADRID.- Las fuerzas de paz encargadas de proteger a los civiles en el
conflicto de Darfur (Sudán) se están quedando sin fondos para seguir
operando. Ocho ONG internacionales, entre ellas Intermón-Oxfam, piden a los
gobiernos del G-8 reunidos en la Conferencia
de Donantes de Bruselas, que adopten medidas urgentes para garantizar la
seguridad de los 2,5 millones de desplazados y varios millones más de
civiles que viven bajo la amenaza de la violencia. Publicación: El Mundo(Madrid) Fecha: 18 Julio 2006 <<© Mundinteractivos, S.A.>> |
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Hoy es: Jueves, 17 Agosto 2006
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Notas breves |
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La siguiente información es un resumen de las declaraciones del vocero del ACNUR Ron Redmond, durante la rueda de prensa del día 6 de junio de 2006, en el Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.
El
ACNUR está extremadamente preocupado por los ataques continuos de la milicia
janjaweed en el este de Chad y por la posibilidad de que haya más
desplazamientos internos de chadianos locales. Esta continua inseguridad
también representa una amenaza para 213.000 refugiados sudaneses de Darfur
que se encuentran en una docena de campamentos administrados por el ACNUR en
esta lejana región situada a lo largo de la frontera con Sudán. El sábado,
milicianos armados robaron 350 cabezas de ganado de una aldea ubicada a 20km
al oeste de Koukou Angarana, en la región de Goz Beida del este de Chad. No
se informaron víctimas, pero este es sólo un ejemplo reciente de la
creciente violencia que está provocando más desplazamientos y algunas
muertes. Fecha: 6 Junio 2006 |
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A
pesar de que la paz tomó mucho tiempo en llegar al Sur de Sudán, ésta logró
soportar una dura prueba cuando el antiguo líder del EPLS, John Garang,
murió a consecuencia de que el helicóptero en el que viajaba se estrellara
en julio de
2005, a tan sólo
tres semanas de haber sido juramentado como Primer Vicepresidente de la
República de
Sudán y Presidente del Sur de Sudán. Aunque su trágica muerte ocasionó una
gran conmoción, no parece haber alterado la determinación de muchos
refugiados de finalmente regresar a su tierra natal en un futuro cercano.
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